Estudio sobre movimientos rurales en Brasil

Movimientos rurales en Brasil
Hernán Gómez Bruera
15 de julio de 2005

Introducción

Este es un estudio independiente elaborado a pedido de la Oficina Regional de la FAO para América Latina que aborda la evolución y el estado actual de los principales movimientos rurales del Brasil, centrado esencial –aunque no exclusivamente-- en la problemática del acceso a la tierra y las reivindicaciones de reforma agraria enarboladas a nivel nacional.

Para su elaboración, se utilizó como referencia un amplio estudio coordinado por el especialista brasileño Domingos Armani, en el que se analizan los efectos del ajuste económico durante las décadas de ochenta y noventa y sus consecuencias en la asociatividad del mundo rural, a partir de un mapa en el que se abordan --con vastedad, aunque de forma suscinta--, las organizaciones del ámbito local y federal .

A partir de una revisión bibliográfica, así como de una serie de entrevistas a los principales líderes de estos movimientos y a funcionarios públicos del ámbito rural, hemos buscado actualizar dicho estudio, para centrarnos de forma más amplia en las tres vertientes más importantes del movimiento rural a nivel nacional.

De forma tangencial, abordamos el discurso de los movimientos rurales y la problemática de la tierra en tres trabajos previos . En un estudio de caso sobre el derecho a la alimentación en Brasil, que circuló entre representantes de los diversos movimientos y recogió sus puntos de vista, planteamos como Brasil es uno de los países más desiguales del mundo, con niveles de disparidad en la distribución del ingreso sólo superados por Sierra Leona y la República Centro Africana y con una distribución de la tierra casi igual de dispar.

Como ocurre en el resto de nuestra región, los indicadores de pobreza tienen una fuerte relación con la desigualdad en la distribución del ingreso. Si analizamos los diversos estratos de la población notamos que en Brasil la mitad de toda la riqueza nacional está vinculada al 10% de la población de mayores ingresos, mientras que la mitad más pobre compone un grupo homogéneo que no responde por más que el 10% total de la renta del país.

Sabemos que la desigualdad tiene efectos nocivos que generan un círculo vicioso, reproductor de la pobreza, que limita los posibles efectos de cualquier política orientada a superarla. A mediados de la década de los setenta, por ejemplo, el PIB per cápita de Brasil oscilaba en los 2000 dólares. Con una distribución algo menos dispar hubiera sido suficiente para que el número de personas en situación de pobreza fuese sustancialmente menor. No ocurrió debido a esta elevada iniquidad en la distribución de la riqueza.

En el mencionado estudio se afirmaba que Brasil no enfrenta problemas de insuficiencia global de alimentos. La producción no sólo es estable y suficiente para atender la mayor parte de las necesidades de la población, sino que cuenta con recursos suficientes para importar los que no logra producir. Durante los últimos años, además, la producción agrícola creció significativamente, al grado que entre 1988 y 2003 se elevó en un 82%, muy superior a la tasa crecimiento poblacional.

Desafortunadamente los números alentadores que a nivel nacional arroja el agronegocio exportador, no se han traducido en mejoras sustanciales para toda la población. Una de las principales razones de esta situación es que en esta nación la producción de alimentos está fuertemente vinculada a la propiedad de la tierra, misma que posee índices de concentración sumamente altos.

Según información del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), en 1998 las llamadas grandes propiedades representaban un 57.3% del total de tierras registradas en el país; los megafundios un 36% y la pequeña propiedad rural solamente un 22,2%. Esta estructura desigual, heredada de los tiempos coloniales, se muestra prácticamente inalterada y el Coeficiente de Gini desde entonces presenta niveles superiores al 0,84.

Por lo anterior, una de las conclusiones del estudio es que “para garantizar el derecho humano a la alimentación en es necesario instrumentar una auténtica estrategia de redistribución del ingreso, crear oportunidades para el desarrollo regional y, especialmente, avanzar de manera sustancial en el ámbito de la reforma agraria (…) Sólo si se amplía el control de los recursos productivos y se dota de acceso a la tierra a quienes viven de ella, será posible respetar, proteger y satisfacer este derecho” .

Dicho lo anterior, el estudio que ahora presentamos considera a la reforma agraria como punto de partida y de encuentro de los diferentes movimientos rurales. Sólo si entendemos la problemática de la tierra en Brasil podremos entender la lógica de estos movimientos. Por eso creemos que el hilo conductor para estudiar la acción colectiva en el mundo rural brasileño no puede ser otro.

Para la realización de este estudio se seleccionaron las tres principales vertientes del movimiento rural en Brasil. La primera de ellas es el sindicalismo rural, hegemonizado por el Movimiento Sindical de Trabajadores Rurales (MSTR), con múltiples federaciones estatales, pero dirigido nacionalmente por la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura. Se trata de la organización rural más numerosa y longeva del Brasil, representante en buena medida del modelo sindical tradicional, que no por ese carácter ha dejado de experimentar importantes transformaciones en el medio rural que son las que aquí analizamos.

La segunda vertiente, la eclesiástica, es aquélla a través de la cual los sectores progresistas de la Iglesia Católica se nuclearon en torno a la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). Esta organización, fue de gran importancia durante los años de la dictadura militar, en tanto incubadora institucional de una amplia gama de movimientos sociales. Aunque la pastoral ha perdido dinamismo en los últimos años y su grado de influencia ha menguado considerablemente, su estudio es imprescindible para entender las transformaciones más importantes en la acción colectiva del mundo rural brasileño en las últimas tres décadas.

La tercera vertiente, la de los Sin Tierra, se centra en el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). De los tres, este es el movimiento con mayor capacidad de presión y el que ha logrado colocar en la agenda el tema de la reforma agraria. El MST es uno de los movimientos rurales que más se han estudiado en América Latina. No pretendemos añadir nada nuevo al respecto, aunque sí reflejar las distintas posturas –algunas de ellas críticas—que existen hoy en Brasil. Por su importancia, este movimiento se lleva el mayor espacio en este estudio.

El trabajo sobre movimientos rurales en Brasil que aquí presentamos consta de tres partes. En un primer apartado se aborda la evolución de los movimientos sociales desde sus orígenes hasta la actualidad. En el segundo se describen sus principales formas de acción colectiva y se analizan debilidades y fortalezas. En el tercer capítulo, se desarrolla la forma en que han logrado presionar por la reforma agraria e influir en políticas públicas que le den viabilidad. Al final se presentan algunas conclusiones.

1 - LOS MOVIMIENTOS RURALES DE SUS ORÍGENES A LA ACTUALIDAD

Durante las últimas décadas Brasil ha vivido profundas transformaciones en el ámbito político, económico y social que modificaron sustancialmente las formas de acción colectiva en el mundo rural, al potenciar la emergencia de diferentes actores sociales y al imponer nuevas dinámicas de interacción entre las organizaciones sociales, el Estado y el mercado.

Al efectuar ese análisis no podemos dejar de observar que en Brasil la organización rural surgió de forma tardía, dado el proceso de ciudadanización del campesinado fue en extremo lento. Existen varias explicaciones de ese fenómeno. Aunque no las abordaremos aquí, porque su análisis es materia para un historiador, no se puede dejar de recordar que la esclavitud sólo se logró abolir en 1888 –mucho más tarde que la mayor parte de América Latina--, dando paso a un régimen económico y político de carácter semifeudal que detuvo el desarrollo de un campesinado libre capaz de defender sus intereses y derechos.

Ese cuadro sólo comenzó a modificarse al final del gobierno de Getúlio Vargas, durante la década de los cuarenta. La creación de las Ligas Camponesas en Pernambuco, que enarbolaron las demandas de los pequeños productores y permitieron resistir la expulsión de sus tierras, así como la organización del Movimiento de Agricultores Sin Tierra (MASTER), en Río Grande do Sul, fueron los primeros movimientos rurales que alcanzaron relevancia política.

Aunque los efectos de estos movimientos fueron limitados y sus alcances se circunscribieron al ámbito estatal o regional, sus demandas fueron importantes porque por primera vez tuvieron repercusiones las reivindicaciones de los asalariados rurales y la demanda de una reforma agraria radical; proceso que emparentó con una intensa lucha política por el control y la representación de los campesinos más pobres entre la Iglesia Católica, el Partido Comunista e incluso partidos como el PTB de Leonel Brizola en Rio Grande do Sul.

En los últimos 35 años, el proceso de lucha y organización de las poblaciones rurales se ha traducido en la afirmación de un conjunto heterogéneo de identidades políticas y sociales, cada una de las cuales es portadora de una historia propia. Ante la imposibilidad de abarcar todas en este estudio, hemos optado por englobarlas, de modo general, en las tres vertientes más importantes. Cada una de ellas tiene características peculiares.

Abordaremos primero el ámbito del sindicalismo rural tradicional, ocupándonos más tarde de la vertiente pastoral, para analizar finalmente al Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), concebido como una síntesis superadora de las dos primeras vertientes y que hoy se ha convertido en el principal referente nacional e internacional en la lucha por la reforma agraria en Brasil.

La vertiente sindical

A principios de los sesenta se dio un intenso proceso de creación de sindicatos rurales en Brasil, con una marcada influencia en las regiones comerciales del país, que culminó en 1963 con la creación de la Confederación de Trabajadores de la Agricultura (CONTAG), un conjunto de organizaciones de carácter local, estatal y nacional que se dio a la promoción de huelgas en defensa de los trabajadores asalariados y llevó a cabo una gran cantidad de ocupaciones en favor de los campesinos sin tierra .

Así, se aprobó el Estatuto del Trabajador Rural, a través del cual los asalariados y pequeños productores lograrían acceder por primera vez en la historia a un salario mínimo y a un conjunto de derechos hasta entonces reservados al ámbito urbano. Aquella iniciativa representó el primer intento por e institucionalizar el movimiento de trabajadores rurales desde el Estado.

Al mismo tiempo que se gestaba ese proceso, la reforma agraria comenzaba a ganar espacio en la sociedad. En 1960 Janio Quadros vence en las elecciones con un claro discurso reformista y su sucesor, Jöao Goulart, decreta como primera medida de su gobierno la expropiación de tierras improductivas para fines de la reforma agraria. Como resultado de ello, el sector terrateniente y conservador reaccionó y la respuesta no se hizo esperar. Dos semanas más tarde se produjo el golpe militar de 1964.

Inició así una larga dictadura de corte autoritario que frenó los tímidos avances que se habían gestando y paralizó al incipiente movimiento social. El nuevo gobierno promovió una amplia modernización agrícola, marcada por una fuerte expansión del sector agroindustrial, donde se gestó el más intenso proceso de mecanización del trabajo rural que se conozca en la historia brasileña.

Los militares procuraron reorientar la presión social hacia la colonización de áreas de frontera agrícola y el gobierno sancionó el llamado Estatuto da Terra, a través del cual fijó una serie de lineamientos para llevar a cabo grandes desarrollos agropecuarios y forestales en el área amazónica, donde se otorgaron facilidades para la instalación de diversas empresas .

Durante las décadas del setenta y el ochenta, además, el Estado brasileño, en el marco de la llamada “modernización conservadora” llevó a cabo un extenso programa de infraestructura energética a través de la construcción de varias presas hidroeléctricas. Su desarrollo se llevó a cabo sin la menor consideración por la suerte de los pobladores que habitaban las tierras ni por el medio ambiente.

Durante varios años, las organizaciones rurales estuvieron sometidas a un control férreo por parte del Estado que aseguraba una casi completa subordinación a las cúpulas de su aparato. Aunque gran parte de éstas perdieron dinamismo, el gobierno permitió la gestación de un movimiento sindical rural tutelado desde el poder.

En un principio, sus dirigentes fueron nombrados por el Ministerio del Trabajo, que intervenía directamente en la vida de los sindicatos. A partir de 1968 se permitieron elecciones, aunque éstas fueron limitadas a un pequeño número de dirigentes que eran controlados de forma corporativa y, a través de los cuales, se institucionalizó la relación entre el Estado y los trabajadores rurales .

Así, el Movimiento Sindical de Trabajadores Rurales (MSTR) se amoldó dentro de los confines de una Estado desarrollista y clientelar que, a pesar de sus grandes limitaciones políticas, logró hacer del trabajo rural asalariado –niveles salariales, cumplimiento de la legislación laboral y ampliación del recién creado sistema de previdencia social-- sus banderas de lucha.

En 1971, tras la irrupción de un foco guerrillero promovido por el maoísta Partido Comunista de Brasil (PCdoB) en Araguaia (estado amazónico de Pará), el gobierno militar creó el Programa de Asistencia al Trabajador Rural (PRORURAL) que por primera vez otorgó asistencia social y otros beneficios a los trabajadores oficialmente sindicalizados, de una forma que se acercaba –sin llegar igual de lejos—a lo planteado por el presidente Goulart.

Si bien los beneficios que otorgaba PRORURAL eran modestos, se creó un juego corporativo entre el gobierno y los sindicatos en el que el costo de no jugar excedía el de jugar . Así, los sindicatos rurales se transformaron en instituciones fuertemente enraizadas en el ámbito local que funcionaban como agencias de prestación de servicios sociales abarcando desde la habilitación de los trabajadores para recibir pensiones hasta la atención médica y dental.

El MSTR era el principal beneficiario del llamado “impuesto sindical” que otorgaban los contratos de PRORURAL. Si bien esto permitió al movimiento un rápido crecimiento, también favoreció la cooptación por parte del Estado que así incrementaba su presencia y control en el ámbito rural, al tiempo que afianzaba su poder central por encima de las oligarquías estatales.

A pesar de los diversos grados de éxito, el sindicalismo fue alcanzando alto un grado de capilaridad, creciendo al amparo de los recursos públicos. Hacia finales de los setenta, pocas instituciones –con la clara excepción de la Iglesia Católica— podían igualar su condición en el mundo rural.

Los estrechos márgenes para la autonomía sindical no impidieron que en 1968 surgiera un liderazgo con algunos tintes combativos (tantos como la dictadura podía tolerar) comandado por José Francisco da Silva, que logró presionar al gobierno para que permitiera una elección y así accediera a la dirección.

Impedida a movilizar a las masas o a involucrarlas en formas directas de acción, la CONTAG impulsó a partir de entonces una “campaña por derechos”, a través de la cual se buscaba que los sindicatos actuaran como educadores sociales de los trabajadores y les brindaran asistencia legal para llevar casos concretos a la justicia laboral o realizar gestiones puntuales ante el Ejecutivo.

Hacia finales de los setenta, el movimiento había logrado crecer de forma exponencial y aglutinaba a más de 2 200 sindicatos en todo el país en 21 federaciones. Conforme el control estatal sobre los sindicatos disminuía y se intensificaban las movilizaciones sociales a favor de la redemocratización del país, varios de estos sindicatos comenzaron a ensayar formas de lucha más firmes que se materializaron en campañas salariales nacionales y diversas huelgas.

En ese contexto, la CONTAG comenzó una profunda reflexión sobre la situación del movimiento sindical que para 1979, en el marco de su III Congreso, se concretó en una forma de autocrítica. Se observaba un despertar de la sociedad civil en el ámbito rural y la organización quería estar a la altura de los nuevos tiempos. El debate no podía eludir la discusión sobre la libertad y la autonomía sindicales, mientras cada vez más voces se comenzaban a pronunciar por la creación de una central única de trabajadores que permitiera insertar las luchas del sindicalismo rural dentro de un espectro más amplio.

Durante aquel III Congreso, que reunió de forma inédita a más de 1, 600 delegados, la CONTAG fue presionada enérgicamente por los vientos renovadores que traían la CPT y las oposiciones sindicales, llevándola a proclamar de forma contundente la necesidad de una reforma agraria amplia, general, masiva e inmediata. Este llamado, así como de las huelgas y campañas salariales que comenzó a emprender a lo largo y ancho del país, permitieron a la entidad empezar a separarse de esa imagen asistencialista que había cosechado durante la dictadura militar .

Pero las ideas renovadoras llegaban tarde, pues con el advenimiento de la democracia, a principios de los ochenta, el MSTR y la CONTAG enfrentaron serias dificultades para encontrar su propio juego dentro del sistema político partidario, lo que limitó su capacidad para actuar como una fuerza política nacional. Bajo la Nueva República quedaron en una posición financiera muy vulnerable. La crisis económica de los ochenta generó una parálisis en materia de políticas públicas y llevó al otrora Estado desarrollista a retirarse en buena medida del ámbito rural. Con ello, se interrumpieron abruptamente los vínculos a través de los cuales había logrado operar el sindicalismo brasileño.

Esa situación, tuvo un efecto devastador sobre el ala corporativa de un movimiento que no había logrado fortalecer su base social ni reducir su fuerte dependencia estatal. En 1988 --cuando la inflación pasó de 417% a más de mil puntos porcentuales--, el valor del llamado “impuesto sindical” se fue prácticamente al suelo y los contratos a través de los cuales los sindicatos brindaban servicios públicos disminuyeron en forma precipitada.

Entre 1979 y 1985 emergió una amplia gama de movimientos rurales, apoyados por sectores de la izquierda y del clero militante en la Teología de la Liberación –inspirador y gestor--, que dieron nuevo aire a las demandas de reforma agraria que hasta entonces no habían logrado pasar de un conjunto de enunciaciones que no iban acompañadas de formas de presión .

Nuevas formas de organización y espacios de confrontación de los grupos más afectados por la “modernización conservadora” –con el Movimiento Sin Tierra a la cabeza— comenzaron a constituirse como movimientos con un perfil propio que, con el paso del tiempo, hicieron suya la bandera del acceso a la tierra y desplazaron en gran medida a la CONTAG.

A diferencia del sindicalismo rural tradicional, los nuevos movimientos rehusaron ser parte del pacto de transición que llevó al poder a la Alianza Democrática de Tancredo Neves --sucedido a su muerte sorpresiva por José Sarney-- y se negaron a coadyuvar con el nuevo régimen. La CONTAG, en cambio, decidió sumarse como aliada del gobierno. Así, en 1985, la Confederación participó en la negociación del primer Plan Nacional de Reforma Agraria .

La actitud de colaboración de la CONTAG se explica en buena medida porque la nueva Constitución recogía importantes reivindicaciones de los asalariados rurales. La más importante de éstas fue la universalización del sistema de pensiones. Esa disposición constitucional --reglamentada en 1992--, permitió extender el sistema al ámbito rural (con un equivalente a medio salario mínimo), trayendo consigo importantes cambios socioeconómicos en el mundo rural brasileño .

Pero esa no fue la única razón. La extensión del sistema de pensiones hacia el ámbito rural le permitió a la CONTAG oxigenar a sus sindicatos y federaciones que enfrentaban un escenario financiero adverso. Al permitirles captar directamente el 2% mensual percibido por los pensionistas (a pesar de no ser obligatorio la mayor parte de los beneficiarios lo aporta) posibilitó que los sindicatos se dotaran de una importante fuente de recursos e incrementararan considerablemente su número de afiliados.

La expansión agroindustrial que experimentó Brasil durante los setenta generó un creciente grado de especialización, con lo que las formas de representación tradicional de los productores ya no respondían a sus intereses ni a las relaciones económicas que se habían comenzado a establecer.

Dado que la expansión agrícola se había producido de forma vertiginosa, las negociaciones sobre precios de productos se tornaron particularmente conflictivas. En muchas regiones, los productores familiares se vieron obligados a emprender formas de acción colectiva hasta entonces inéditas, tales como el boicot en la entrega de productos, la destrucción de cultivos y otras estrategias de enfrentamiento directo .

Pero no sólo las condiciones de producción se volvieron problemáticas. También ocurrió que las organizaciones sindicales tradicionales ya no eran capaces de representar los nuevos intereses de los pequeños productores y se volvía necesario agruparlos por ramos de producción.

Fue en ese contexto que entre 1984 y 1987 se dio una etapa de continuo crecimiento de un nuevo sindicalismo rural –con énfasis en los estados del sur--, que se articularon en torno a la Central Única de Trabajadores para, desde ahí, promover lo que consideraban una práctica sindical más democrática y transparente.

Con el transcurrir de los años ochenta, el sistema de partidos comenzó a adquirir una importancia creciente, cuyo impacto se vio reflejado en el propio movimiento sindical. A medida que los partidos volvían a ser los principales canales de acceso al poder público, tanto las expresiones sindicales que habían surgido en los últimos años de la dictadura como la propia CONTAG estrecharon vínculos con el PT y muchos de sus cuadros se volcaron directamente a la participación electoral .

En los albores de los noventa, la CONTAG inició un proceso gradual para modernizar sus estructuras. En 1991, durante su V Congreso, “amplió cualitativa y cuantitativamente la participación de su base” al tomar la decisión de que, ahora en más, todas las elecciones de sus dirigentes se llevarían a cabo en Congreso, siendo electo dirigente Francisco Urbano, quien reemplazó a José Francisco Da Silva, la figura que había permanecido al mando de la CONTAG por más de dos décadas.

Durante aquel V Congreso, la CONTAG decidió profundizar el debate entre sus bases para discutir la posibilidad de afiliarse a la combativa Central Única de Trabajadores, lo que culminaría satisfactoriamente a mediados de los noventa y se reestructuró internamente a partir de secretarías específicas que se ocuparían de encabezar distintos frentes de lucha, desde reforma agraria, pasando por agricultura familiar, asalariados rurales, derechos sociales (salud, asistencia social y educación), género, combate al trabajo infantil y lucha contra el trabajo esclavo.

Además, la Confederación decidió ampliar sus procesos de movilización social orientados a lograr medidas de presión en los distintos frentes orientados a la lucha por la tierra, por el crédito y por el salario.

Otra transformación importante que la CONTAG experimentó durante los noventa fue el creciente rol de las mujeres y sus conquistas dentro del movimiento sindical. La lucha no estuvo ausente de disputas. Si bien hasta entonces había logrado ampliar la participación de sus bases –como había sido decidido unos años antes— el papel de las mujeres todavía era limitado. Al elegirse una nueva dirección, un grupo de mujeres expresaron una enérgica crítica a la forma en que se había negociado su composición y divulgaron una nota de protesta.

En ella afirmaban que en el proceso de elección el número de mujeres era mínimo y que se había excluido la lista de nombres de mujeres previamente propuestas por la Comisión Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales. La nota –que hoy la CONTAG exhibe con orgullo como parte de su propia historia sindical— decía así: “Queremos manifestar nuestro repudio a la falta de respeto de que fuimos objeto, al ser ofendidas y discriminadas durante todo este proceso, en función de una serie de alianzas y negociaciones que se dieron de forma cerrada, sin llevar a cabo plenarias estatales y sin escuchar la voluntad mayoritaria del Congreso” .

Al hacer una denuncia sustentada en la crítica a la falta de democracia interna, la mujeres lograron conquistar una cuota del 30% --formalizada a partir de 2001-- en todos los niveles de dirección, so pena de que las instancias que no lo cumplan quedarían imposibilitadas de participar en los congresos. Esta medida permitió construir un espacio dentro de la CONTAG como pocos movimientos rurales lo han hecho.
Una las transformaciones experimentadas en el ámbito de sindicalismo rural durante los noventa fue el debilitamiento de la categoría de asalariados rurales que dejó de formar parte de las demandas centrales del movimiento que en los años ochenta se expresó en las grandes campañas salariales .

Durante los noventa la bandera de la reforma agraria, tradicionalmente enarbolada por la CONTAG, pasó a disputarse fuertemente con el MST. Ante ese fenómeno --y al percibir que no existía otra forma de lograr la expropiación de tierras— la Confederación se vio obligada a promover, a partir de mediados de los años noventa, ocupaciones de tierras, a pesar de que tradicionalmente había sido reticente a esta forma de lucha.

Como resultado de su VII Congreso, celebrado en marzo de 2001, la CONTAG logró reposicionarse en el debate político nacional gracias a la formulación de un amplio Proyecto Alternativo de Desarrollo Rural Sustentable, a través del cual ha podido transformar buena parte de una visión limitada a lo gremial y ampliar su radio de acción a favor de un programa más amplio capaz de responder a toda la problemática rural desde una visión que abarca crecimiento económico, justicia, participación social y preservación ambiental. Esta visión propone, además, una articulación entre lo económico y lo social con énfasis en la instrumentación de políticas y programas orientados a alcanzar una mejor distribución de la riqueza.

A decir de la propia dirigencia contaguiana, este proyecto representó un cambio de pensamiento y directrices políticas, cuyo trabajo se había centrado fundamentalmente en la representación de los trabajadores y asalariados rurales. En adelante, la CONTAG se propuso realizar un cuestionamiento más general del modelo de desarrollo rural basado en el agronegocio exportador y la gran propiedad, para enarbolar un conjunto de propuestas tendientes a la constitución de un nuevo paradigma de desarrollo basado en el fortalecimiento de la agricultura familiar y una amplia reforma agraria .

En esencia, el aspecto nodal del Proyecto Alternativo de Desarrollo Sustentable propuesto por la CONTAG apunta a la necesidad de reencauzar la estrategia de actuación del movimiento sindical de trabajadores rurales, combinando la participación en las políticas públicas con una intervención más directa en el campo de la organización productiva.

A pesar de que este tipo de iniciativas representan avances importantes para un movimiento sindical que se anquilosó en los años posteriores al fin de la dictadura, la estructura sindical ha encontrado muchas dificultades para instrumentar esa estrategia. El sindicalismo contaguiano ha atravesado crisis recurrentes. Una reciente investigación del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) señala que existe una constante disminución del número total de sindicatos existentes en el país, de la que se deriva un debilitamiento político de los trabajadores rurales en una sociedad crecientemente urbanizada .

El proceso de liberalización económica de los noventa ha impactado de forma negativa, tanto entre los agricultores familiares como entre los asalariados, fragilizando política, económica y socialmente a los sindicatos rurales, y debilitando su sustento financiero. De igual forma, el esfuerzo por congregar, en una entidad única, a las diferentes categorías de trabajadores rurales ha hecho que su acción se despliegue en un espacio de intervención infinitamente complejo que integra varios ejes de lucha.

En los últimos años, la crítica a la estructura sindical oficial se ha materializado en el surgimiento de formas de organización que escapan ese modelo “contaguiano” enclavado en un sindicato único, de base municipal y estructura vertical, propiciando un quiebre de las estructuras corporativas. Estas experiencias se han traducido en la creación de formas alternativas de organización sindical en el medio rural como la Federación de Trabajadores de la Agricultura Familiar, Región Sur (FETRAF-Sul), una organización fundada en marzo de 2001 que congrega agricultores familiares de tres estados sureños históricamente vinculados a la CUT.

La FETRAF-SUL surgió como resultado de las luchas por un crédito diferenciado para la agricultura familiar gestadas a lo largo de los noventa . Esta iniciativa –cuyos líderes fueron originalmente miembro de la CONTAG como Altemir Tortelli, más tarde expulsado-- representa un esfuerzo hacia la creación de un sindicalismo más plural, capaz de dar cuenta de las especificidades económicas, políticas y sociales de las diferentes categorías de trabajadores rurales .

La dirigencia contaguiana ha reaccionado negativamente a la emergencia de estas nuevas organizaciones. Durante su último Congreso, celebrado en 2005, una de sus comisiones temáticas acusó a quienes crean nuevos sindicatos como “oportunistas que burlan la unicidad sindical que sólo debilitan al movimiento. Por esa razón, ha negado consecutivamente la afiliación de organizaciones como la Federación de Empleados Rurales del estado de Sao Paulo (FERAESP) –hoy mayoritaria en el estado- e incluso a la propia FETRAF-SUL que para septiembre de 2005 planea crear una organización a nivel nacional.

Si bien algunos atribuyen el surgimiento de estas organizaciones a disputas de poder, estudiosos de los movimientos rurales como Zander Navarro plantean que la creación de nuevas agrupaciones sindicales no obedece sólo a diferencias políticas o, si quiera, ideológicas. “La emergencia de esos nuevos espacios responde en gran medida a las dificultades que enfrenta el sindicalismo oficial para representar de forma efectiva los intereses de las diferentes categorías de trabajadores rurales” .

Navarro plantea que “el surgimiento de diferentes movimiento sociales que hoy se organizan por fuera de la estructura sindical –como ocurre con el MST— reflejan, en buena medida, las innumerables limitaciones enfrentadas por la estructura oficial sindical para dar cuenta de la diversidad de entidades, intereses y perspectivas políticas presentes en el universo de luchas sociales del mundo rural brasileño .

En la perspectiva de Leonilde Medeiros, las escisiones dentro del movimiento sindical, que se han traducido en la creación de nuevas organizaciones, tienen mucho que ver con una insatisfacción frente a la forma de proceder de la CONTAG por parte de grupos que en el pasado buscaron infructuosamente promover transformaciones en su seno.

La vertiente pastoral

La presencia de la Iglesia católica brasileña como incubadora institucional de la organización rural comienza a adquirir cierta relevancia a partir de los años cincuenta, pero sólo se vuelve importante en las dos siguientes décadas. En los años previos al golpe de Estado que depuso al presidente Joao Goulart, el clero había comenzado a propagar una tímida participación en el ámbito rural en el medio de una serie de posiciones desencontradas frente a la reforma agraria.

Sin formular definiciones precisas, la reforma agraria comenzaba a ser un objetivo para la Iglesia, a pesar de estar contenido y limitado por el temor a cuestionar los derechos de propiedad de la tierra.

A pesar de que la Iglesia católica fue una importante aliada del Estado brasileño desde tiempos coloniales, esa relación comenzó a modificarse a partir de la reorientación internacional que siguió al Concilio Vaticano II (1961-1965) y a la Asamblea Regional del Episcopado Latinoamericano que tuvo lugar en Medellín, en 1968, donde se abogó por la restitución de las alianzas con los sectores marginados de la sociedad.

Si bien la Iglesia apoyó en un primer momento el golpe militar de 1964, su posición fue cambiando a medida que avanzaba el proyecto político de la dictadura y su actitud frente a los movimientos sociales se volvía más hermética. Siendo una de las pocas instituciones sociales que lograron escapar de la persecución política, durante muchos años funcionó como la única instancia a través de la cual era posible expresar algún tipo de descontento social .

De esa forma, los obispos se dieron a la tarea de crear pastorales sociales, como la pastoral indígena, la pastoral del trabajo o la pastoral de la tierra. Autodefinidas como organizaciones “de suplencia”, estas pastorales se planteaban socorrer de forma temporal y ofrecer una mediación al “clamor popular”, para que éste se valiera del aparato de la Iglesia y de sus canales de comunicación.

A partir de los setenta, un grupo de obispos comenzó a ser cada vez más crítico frente a la actuación del régimen militar en el tema de la tierra. En las concepciones de estos religiosos estaba la idea de que “la tierra es una sagrada condición para la libertad y la afirmación humana del individuo” , por lo que hicieron suya la demanda de una profunda reforma agraria.

Esta visión –claramente expresada en un emblemático documento de la Comisión Nacional de Obispos Brasileños de 1980 denominado Igreja e Problamas da Terra— hablaba de la función social de la propiedad y establecía una distinción –que en adelante permearía en los movimientos rurales e influenciaría poderosamente al MST— entre “tierra de explotación”, “tierra de negocio”, “tierra de trabajo” y tierra de producción”. Bajo esa óptica, la Iglesia legitimaba la posesión de ocupación de tierras en tanto la propiedad pasaba a ser vista como una condición indispensable para la subsistencia .

Así, los agentes pastorales de la Iglesia se plantearon trabajar directamente con las poblaciones rurales para “despertar su conciencia” siguiendo los métodos pedagógicos de Paulo Freire y organizaron al pueblo en las llamadas Comunidades Eclesiales de Base (CEB), desde donde se asumieron tanto tareas religiosas como proyectos de auto ayuda de las comunidades y defensa de sus derechos.

Las CEB fueron un precedente muy importante en la conformación de una nueva forma de acción colectiva en el ámbito rural brasileño. Frei Betto, uno de sus principales constructores, narra de esta forma su participación en las Comunidades:

El objetivo original de las CEB era esencialmente clerical. Se orientaba a complementar el trabajo sacerdotal en las regiones más pobres y alejadas del país. Con el golpe de Estado, sin embargo, quedaron como el único espacio de organización popular que logró salir del ámbito de la represión militar. En el mundo rural, las CEB fueron receptoras de los pequeños agricultores y los expulsados de sus tierras como producto de la modernización conservadora impulsada por la dictadura.

Los que allí se reunían en grupos de alrededor de 30 fieles discutían acerca de la realidad desde la experiencia de la gente y buscaban establecer coincidencias sobre el ámbito de la familia, del barrio y del trabajo. Desde esas dimensiones surgió una reflexión a partir de la “iluminación bíblica” sobre el qué hacer para cambiar esa realidad.

Las CEB fueron la semilla de un gran número de movimientos sociales brasileños, en tanto fueron formadoras de liderazgos populares. Por su gran capilaridad, fueron tanto o más importantes para la formación del PT que el sindicalismo y la izquierda, como lo ha reconocido el propio Lula .

Las Comunidades Eclesiales de Bases fueron importantes en tanto se edificaron como un espacio político nuevo que iba más allá de las tradicionales relaciones entre “protector y cliente”, e hicieron posible movilizar un número significativo de personas a partir de una lógica ciudadana de participación que, convertidas en espacios de discusión y concientización, permitieron construir gradualmente un instrumento de organización campesina de lucha por la tierra.

En 1975 las CEB se nuclearon en la Comisión Pastoral de la Tierra, la entidad más importante que emergió en la Iglesia católica en el ámbito rural. Formada originalmente como respuesta al aumento alarmante de conflictos violentos de tierra en el Amazonas, la organización rápidamente se expandió hacia el sur, alcanzando incluso los estados fronterizos. En ese contexto, la CPT surgió como un gran movimiento de la Iglesia fuertemente inspirado en la Teología de la Liberación, orientado a la defensa de los derechos humanos que sistemáticamente eran violados por el gobierno de facto.

La Pastoral fue considerada como un canal de mediación política para apoyar a los productores familiares de pequeña escala en sus luchas económicas y políticas, tuvieran o no tuvieran tierras. La entidad debería organizar a las “víctimas de la injusta distribución de la propiedad de la tierra” y “dinamizar la coordinación de sus luchas". Su labor primordial consistía en generar una estructura de vinculación que permitiera a los agentes religiosos reclutar líderes comunitarios y que éstos a su vez pudieran mantener vínculos con sus bases en tiempos de proscripción.

Si bien la mayor parte de los obispos –incluso los más progresistas- evitaron involucrarse directamente en los movimientos populares, lograron legitimar de forma activa su trabajo, al estimular desde el púlpito a la participación y al intervenir frente a las autoridades para protegerlos a los activistas de los movimientos de la represión. La CPT adquirió una creciente importancia en el ámbito rural porque se impregnó estrechamente de los elementos fundamentales de la cultura popular en los distintos ámbitos rurales, lo que le permitió ejercer una fuerte capacidad mediadora .

Un rasgo importante de la conformación de la CPT fue la vocación ecuménica que le permitió aglutinar a su alrededor al sector luterano, principalmente en los estados de Paraná y Santa Catarina, un dato importante en tanto fomentó una visión más amplia que logró superar la fragmentación del movimiento social y que, en el futuro, permitiría favorecer la creación de un movimiento nacional unificado de lucha por la tierra, como lo fue el MST .

Al ser una institución de carácter transnacional con raíces firmes en las comunidades rurales, fue capaz de sumar un importante apoyo político del exterior. El contenido religioso de las iniciativas de la CPT apaciguaba en buena medida el temor de quienes militaban en su causa de ser etiquetados como comunistas o agitadores por las autoridades locales o por el gobierno militar. En gran medida, la religión confería un grado mayor de legitimidad y ofrecía un considerable nivel de protección frente a la represión estatal .

Sin embargo, el amplio crecimiento de la CPT no se debió solamente a los factores arriba mencionados. Respondió en buena medida a la capacidad única que tuvo la institución para asegurarse recursos financieros que venían del exterior en forma de proyectos internacionales de cooperación. Naturalmente, la Iglesia desempeñó un papel insustituible en el acceso a esas fuentes que sirvieron para financiar a movimientos rurales, ONG y otras organizaciones de la sociedad civil. En el caso de la Pastoral de la Tierra, por ejemplo, es sabido que más de 90% de su presupuesto provenía de la cooperación internacional.

De igual forma, la amplia red de contactos provenientes de la Iglesia, al tiempo que fungía como un actor local representado en cada región por obispos, padres o agentes pastorales, permitió a los movimientos sociales superar inmensos obstáculos creados por las vastas distancias y la precaria infraestructura física de la región amazónica para establecer lazos estrechos con varios movimientos regionales y nacionales que emergían junto a la izquierda.

Don Tomás Balduino, presidente de la CPT, distingue dos fases históricas en la vida de esta organización. A cada una de ellas correspondían roles distintos: la fase fundacional o de denuncia, que tuvo lugar durante el periodo dictatorial, y la fase de formación de organizaciones que inició durante la fase final de la dictadura y los albores del régimen democrático.

Durante la primera fase, el papel fundamental de la CPT fue de denuncia ante la opinión pública nacional e internacional de la violencia practicada en contra de las organizaciones campesinas por parte del régimen militar. La organización no se planteaba que esta denuncia fuese meramente política, sino que tuviera un sustento jurídico útil a la propia lucha de los trabajadores rurales. Para ello, la Pastoral ofrecía apoyo jurídico y técnico.

La segunda fase –la de formación de organizaciones— es aquélla en la cual la CPT lleva a cabo un trabajo de educación popular orientado a dar información sobre las posibilidades de organización de los campesinos. La CPT cumplió ese papel escuchando a los trabajadores rurales y estimulando su protagonismo en la lucha por sus propios derechos, aunque sin pretender ocupar su lugar” .

En el marco de la transición democrática (finales de los setenta, principios de los ochenta), la Pastoral estimuló a los trabajadores a recuperar sus direcciones sindicales, lo que representó una contribución fundamental en la creación de la Central Única de Trabajadores. De esa forma, la CPT contribuyó a la organización del MST, del Movimiento de Pequeños Agricultores, del Movimiento de Afectados por la Construcción de Presas y del Movimiento de Mujeres Campesinas, entre otros. Todos esos movimientos “bebieron de la fuente metodológica y de la organización popular que les proveyó la CPT” .

Con el advenimiento de la democracia y la elección, en 1985, de Tancredo Neves, primer presidente civil en más de 20 años, la impronta social de la Iglesia Católica y su inserción en el movimiento rural comenzó a decaer. Por un lado, el fin de un gobierno autoritario, con su patrón desarrollista y su intervencionismo en el ámbito rural, eliminó el principal punto de conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado. Por el otro, el conservadurismo creciente de la Iglesia internacional, a partir de 1979, fortaleció sectores afines dentro de la Iglesia católica brasileña.

La CPT sufrió una disminución del apoyo que hasta entonces le había otorgado la jerarquía católica y tuvo dificultades para redefinir su relación con el nuevo sindicalismo. Continuó dedicándose a defender los derechos de los trabajadores rurales y a recabar datos sobre la violencia rural, pero transfirió su atención a movimientos tales como el MST y se involucró cada vez más en actividades partidarias a favor del Partido de los Trabajadores, fundado en 1980.

La importancia política de la CPT nunca volvió a ser la misma de antes. La propia dirigencia lo reconoce, aunque apunta:

Nuestro trabajo cambió una vez que el caído estuvo de pie y comenzó a caminar, dejando de necesitar de la CPT. Sin embargo eso no quiere decir que nuestra organización haya perdido sentido porque en el momento en el que las organizaciones se fortalecieron, reaccionó la la estructura oligárquica y latifundiaria, se criminalizaron los movimientos sociales y se buscaron formas de excluirlos de la lucha por la tierra. Los movimientos no eran suficientes para defenderse de ese embate.

Conforme se fue consolidando el régimen democrático, el trabajo de la CPT se fue volviendo cada vez más testimonial, aunque ha conservado espacio en los medios de comunicación y ha continuado como un actor político nacional cuya pauta influencia los ánimos de varios movimientos sociales. Dentro de su trabajo, posiblemente una de las áreas más dinámicas hoy sea la denuncia de casos de violencia en el campo, así como de condiciones de trabajo esclavo que año con año se documentan en informes especiales que tienen repercusiones nacionales e internacionales.

La CPT continúa defendiendo la reforma agraria, pero antes que actuar sola suele hacerlo en coordinación con otros movimientos sociales. En reiteradas ocasiones ha afirmado una perspectiva teológica según la cual “la tierra es un don de Dios” y el espacio de vida que inspira el sueño y la lucha por una sociedad nueva asentado en los valores de las diferentes culturas y etnias, y no sólo un bien intercambiable en el mercado”.

En 1999, al conmemorar sus 30 años de existencia, se reunió en su XII Asamblea Nacional en la que reformuló sus estatutos para introducir una serie de innovaciones. Una de ellas fue la realización de grandes congresos, a efectuarse cada 4 años, a partir de donde se definirían las grandes líneas de acción que indicarían los rumbos de la CPT. Hasta entonces, las asambleas nacionales constituían el principal espacio de discusión, que no permitían involucrar suficientemente a un amplio número de miembros.

En su I Congreso –que tuvo lugar en 2001— la CPT buscó revitalizarse al poner el acento en tres grandes líneas de acción: tierra, agua y derechos. Con respecto a la primera, la Pastoral una vez más reafirmó su compromiso con la tierra como un espacio de vida no restringida a la producción. La tierra es –para la CPT— el espacio en el que se construye la familia y la comunidad y donde se forja la identidad campesina.

El segundo eje, el agua, se formula a partir de una concepción –tal vez poco trabajada por otros movimientos como lo viene haciendo la CPT durante los últimos años—de que el agua es un derecho inalienable del ser humano y que su uso no puede ser reducido a una lógica de mercado. Esta línea de acción ha pasado a ser respaldada con hechos muy concretos, como la Campaña Nacional de la Fraternidad lanzada en 2004.

En ese ámbito, la Pastoral ha jugado un papel en la organización de una amplia campaña en el nordeste denominada 1 Millón de Cisternas, promovida por la llamada Articulación del Semiárido (ASA) , a través de la cual más de 700 organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales que trabajan en el Nordeste, han impulsado la construcción de cisternas de placa para la captación de agua de lluvia, en un esfuerzo que constituye un ejemplo concreto de una política orientada a garantizar el derecho al agua de las familias que habitan la región del semiárido.

Lo importante de esta iniciativa es que, a través de ella, una red de organizaciones ha comenzado a propagar una concepción más moderna del desarrollo basada en una idea de ciudadanía que busca modificar la situación social estructural de las comunidades y superar su situación de dependencia frente al poder público local.

El tercer eje del trabajo contemporáneo de la CPT –el de derechos—parte del principio de que toda persona humana es sujeto de éstos y que la ausencia de canales institucionales capaces de garantizar su vigencia efectiva legitima diversas formas de lucha directa como la ocupación de tierras. La principal vía a través de la cual la CPT pugna porque se hagan valer los derechos de los campesinos es hoy la denuncia de las formas de violencia que éstos sufren, así como de las diversas modalidades de trabajo esclavo que persisten en regiones paupérrimas del Brasil profundo.

La vertiente de los Sin Tierra

La creación del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) en 1984 es una consecuencia directa de la política agrícola instrumentada durante los años de la dictadura militar, cuyo acelerado proceso de colonización de tierras y mecanización del trabajo rural expulsó del campo a grandes contingentes de la población que se enfrentaron a la disyuntiva de emigrar hacia las ciudades o tratar de resistir en el campo desarrollando formas de lucha en el ámbito regional .

Considerado a sí mismo como heredero de las Ligas Camponesas que fueron duramente reprimidas en los setenta, el MST surgió como una organización de carácter ecuménico en la que confluyeron la Iglesia Católica y Luterana, junto a una serie de movimientos rurales dispersos. A diferencia del Movimiento de los Agricultores sin Tierra (MASTER), que se desarrolló a principios de los sesenta, muy vinculado al entonces gobernador de Río Grande do Sul por el Partido Democrático Brasileño, el MST buscó, desde un primer momento, erigirse como una organización independiente.

Si bien en algún momento se consideró la posibilidad de la lucha de los trabajadores Sin Tierra se encauzara a través de una comisión al interior de la CPT , muy pronto logró imponerse la idea de que la lucha de estos trabajadores debía encauzarse a través de un movimiento autónomo de lucha por la tierra y por la reforma agraria.

Para alcanzar esos objetivos, el movimiento no debía ser ni un apéndice del sindicalismo rural existente, ni un movimiento al interior de la Iglesia. Aunque se nutriese de cuadros provenientes de uno y otro, se llegó a la conclusión de que la nueva agrupación debía organizarse sin injerencia institucional de éstas u otras organizaciones, gobiernos o partidos políticos.

El MST debía ser la crítica superadora de las concepciones y formas de lucha del sindicalismo rural subordinado al Estado, tal como ocurrió durante la dictadura e ir más allá de la lucha corporativa orientada a dotar de tierras a un conjunto de familias. Por ello, era necesario centrar las demandas del nuevo movimiento en una reforma agraria en términos políticos .

El nuevo movimiento debía tener, además, un carácter popular más amplio, no circunscrito a los agremiados de un sector, sino ser lo suficientemente abierto como para incluir a vastos sectores sociales, incluso a simpatizantes del ámbito urbano.

Fue bajo esas concepciones que, en pleno auge de la lucha antidictatorial, surgió el MST, logrando un impulso importante gracias en buena medida a que su creación coincidió con un proceso aún más amplio de democratización del país. Dentro de ese proceso, la lucha por la reforma agraria confluyó con el resurgimiento de las huelgas obreras en 1978 y 1979 y por la conquista para recuperar los derechos políticos que habían sido conculcados por la dictadura.

Zander Navarro ha segmentado la historia del MST en tres momentos principales, a partir de la evolución de sus estrategias de lucha, su relación con el poder y su grado de visibilidad pública: 1) de inicios de la década de los ochenta a 1986, 2) de 1986 a 1993 y 3) de 1994 a la fecha.

El primer momento se refiere a sus años formativos, cuando se organizan los primeros grupos sin tierra en Río Grande do Sul y Santa Catarina, pasando por su estructuración formal (en 1984 se lleva a cabo su congreso constitutivo en Cascavel, Paraná) y la realización de su primer congreso nacional (Curitiba, 1985), hasta 1986.

Circunscrito fundamentalmente al sur del país con una fuerte presencia de mediadores religiosos ligados a grupos progresistas de la Iglesia Católica, incluso como dirigentes del propio movimiento. Durante esa primera etapa se eligen acciones de bajo grado de confrontación y se opta frecuentemente por la negociación. Los interlocutores principales del Movimiento son los gobiernos estatales. Aquellos eran momentos en los que fácilmente se reclutaba agricultores con poca tierra, por lo que el Movimiento se expandió con agilidad.

En el ámbito de la política nacional, la etapa coincide con el proceso de transición democrática, en la que el Gobierno Federal muestra interés en la Reforma Agraria, la cual en un primer momento ocupa un espacio relevante en la agenda. Al asumir la presidencia en 1985, José Sarney nombra en el nuevo Ministerio de Reforma y Desarrollo Agrario a conocidos defensores de la reforma. Una parte importante de las fuerzas progresistas del país coincide en la posibilidad de que ésta efectivamente se lleve a cabo.

En mayo de ese mismo año un grupo de expertos prepara y entrega al Congreso Nacional una propuesta que plateaba la meta de asentar a 1,4 millones de familias en 15 millones de hectáreas entre 1985 y 1989. Al poco tiempo, sin embargo, la reforma se frustra. Cuando la propuesta llega al Congreso, una articulación bien organizada de latifundistas logra el apoyo de un buen número de legisladores y consigue desfigurar sus principios.

En octubre de 1985, se aprueba un Primer Plan Nacional de Reforma Agraria sustancialmente modificado, en el que la expropiación de tierras por interés social –como contemplaba la propuesta original-- no sería prioritario. En su lugar se privilegia la ocupación de tierras públicas en áreas de frontera agrícola.

Durante la segunda etapa, entre 1986 y 1993, las acciones del Movimiento se tornan más confrontativas (lo que se simboliza en el cambio de su consigna principal “Tierra para quien la trabaja”, por la de “Ocupar, resistir, producir”). Se registran varios episodios de enfrentamiento con policías y lugartenientes de los grandes propietarios en virtud de una nueva orientación interna que privilegia esa táctica de lucha, a partir de un creciente rechazo de los agricultores sin tierra a someterse a la mediación de la Iglesia Católica que hasta entonces había definido una orientación más moderada.

La dirigencia del Movimiento adopta un ideario leninista de organización centralizada, que apunta hacia la conformación de un movimiento de cuadros, antes que de masas, como se concibió en sus orígenes. El MST deja el sur del país como su región privilegiada de actuación y se plantea actuar en el ámbito nacional, lo que lograría en buena medida gracias a las simpatías que logra despertar en los sectores medios urbanos. La sede del MST se traslada a Sao Paulo (donde aún permanece), en una clara señal de que el Gobierno Federal sería en adelante su interlocutor principal.

En 1988 se debate el capítulo correspondiente a la cuestión agraria en la nueva Constitución. El MST plantea que la causa de la reforma “no puede quedar subordinada al nuevo gobierno civil” y se niega a formar parte del pacto que da origen a la nueva Carta Magna , sellando así una estrategia de no colaboración con el poder público y cerrando, de entrada, cualquier posibilidad de acercamiento con el nuevo gobierno.

Por su parte, los latifundistas crean una organización denominada Unión Democrática Ruralista (UDR), cuyos líderes tienen una estrecha vinculación con la clase política y logran formar una coalición que bloquea las propuestas de Reforma Agraria. Se introduce el concepto de intangibilidad de la “propiedad productiva”, cuya definición quedaba a merced de una ley complementaria que establecería el procedimiento para la expropiación de tierras.

Durante los años posteriores, el tamaño de los compromisos contraídos en materia de reforma agraria se vuelven letra muerta. Sectores opuestos a la reforma presionaban al Legislativo y al Judicial y promueven diversas formas de violencia.

El MST –y muchas otras organizaciones campesinas— consideran el recurso de la ocupación de tierras (denominada por los sectores reaccionarios como invasiones), como la única forma efectiva de llevar adelante la reforma agraria. Se trataba en definitiva de utilizar el resquicio constitucional que establece la función social de la propiedad –sustentado legalmente en la Constitución e, ideológicamente, en la doctrina social de la Iglesia que analizamos anteriormente- para presionar por la expropiación y distribución de tierras ociosas.

En 1989, el MST celebra su segundo Congreso. Para entonces, la estrategia política de ocupar y resistir la presión posterior, para luego negociar la entrega de las tierras ocupadas, se muestra insuficiente. Es necesario, ahora, organizar la producción en las áreas ocupadas para viabilizar económicamente a los asentados y presentar las ocupaciones como “áreas modelo” a nivel nacional. Guiado por sus planteamientos ideológicos el MST fomenta la constitución de cooperativas, en muchos casos enteramente colectivizadas como estudiaremos más adelante.

El tercer momento en la vida del MST inicia en 1994, cuando su fuerza política alcanza el momento culminante y se convierte en un interlocutor obligado. Una gran capacidad de presión y una fuerte presencia en los medios de comunicación son posibles cuando el Movimiento conquista el estado de Sao Paulo, donde descubre un campo privilegiado de actuación.

Dos trágicos eventos en los que las fuerzas militares reprimen violentamente las ocupaciones de tierra son decisivos para desencadenar la presión social a favor de la reforma agraria: el de Corumbiara, en Rondonia (agosto de 1995) y, más tarde, la masacre de Eldorado dos Cajas, al sur de Pará, ocurrido en abril del siguiente año. Los dos sucesos marcan un punto de inflexión en la opinión pública, particularmente porque el segundo es filmado y reproducido por las cadenas nacionales de televisión.

En la vida interna del Movimiento, este periodo se caracteriza por la emergencia de una segunda generación de militantes provenientes de los liderazgos juveniles creados al amparo de las escuelas de formación del Movimiento. Provienen de todos los estados brasileños y reflejan realidades agrarias muy diversas. Muchos de ellos son propensos a “interpretaciones más radicalizadas de la realidad” que reflejan en buena medida sus propias experiencias de vida y tienden a desarrollar formas más osadas de acción colectiva que dan al MST la imagen de un movimiento provocador .

Existe una cuarta etapa en la historia del MST que inicia a partir de 1998, la cual –siguiendo la línea de Navarro-- estaría marcada por un creciente aislamiento del MST en relación a las demás organizaciones populares del campo e incluso en relación a algunas entidades antes aliadas, típicamente urbanas, como resultado del rumbo político que ha tomado la organización y la ausencia de democracia interna. Esta etapa más reciente se caracteriza por una “exacerbación de la retórica política” y por “formas extremas de lucha social” que pasan por la adopción de un discurso que ataca al Estado y que adopta “esquemas militares”.

El Movimiento ya no sólo ocupa tierras ociosas, sino que también toma edificios públicos y ocupa algunas propiedades notoriamente productivas (que de acuerdo a la legislación no pueden ser expropiadas), además de realizar actos de presión política sobre temas que exceden su ámbito directo como son los tratados de libre comercio, la negativa al pago de la deuda externa o su rechazo a la liberalización de los transgénicos. Tal vez el aspecto más significativo de este nueva fase –siguiendo con el razonamiento de Navarro—sea la reticencia de la cúpula de la Iglesia Católica para aliarse incondicionalmente (como ocurría en el pasado) con la organización de los sin tierra, “crecientemente, desconfiada de sus formas de acción y sus opciones políticas” .

Esta cuarta etapa en la vida del MST coincide con el segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso (1998-2002), cuando se diseña una nueva política agraria sin precedentes en la historia del Brasil, que recibe el nombre de Novo Mundo Rural o Nova Reforma Agraria. El programa tiene varios componentes. Aunque serán estudiados más adelante, cabe mencionar por ahora que por un lado, se constituye un Banco de Tierras dotado de recursos del Banco Mundial para realizar compras de tierras que serían luego entregadas a crédito a los nuevos propietarios. Con ello, la política de expropiaciones de tierras y pago de éstas con títulos de la deuda pública pasa a ocupar un plano secundario. En lugar de eso, el gobierno decide promover la compra de tierras a los propietarios que quieran venderla.

La propuesta gubernamental recibe las más duras críticas por parte del MST, en tanto implica un profundo cambio en la concepción política de la reforma agraria, transformada ahora en un programa de financiamiento estatal a la compra-venta de tierras privadas. El Movimiento reacciona con virulencia y tacha la propuesta de Cardoso como una “reforma agraria de mercado”.

2- FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE ACCIÓN COLECTIVA

LA CONTAG

La Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura es actualmente el sindicato con mayor número de afiliados en América Latina. Representa por lo menos a 25 millones de trabajadores y trabajadoras rurales, organizados en 26 federaciones estatales y 3, 770 sindicatos. Entre sus agremiados hay asalariados rurales (permanentes o temporales), granjeros familiares (propietarios o no); trabajadores rurales sin tierra; trabajadores que se desempañan en las actividades de colecta y pescadores artesanales.

La CONTAG ha desarrollado dos instrumentos periódicos de movilización popular: el Grito da Terra y la Marcha das Margaritas. El primero de ellos es una marcha realizada por el sindicalismo de trabajadores rurales que tiene lugar en Brasilia --y concurrentemente en los estados--, durante los primeros meses del año. En estas marchas –que se vienen realizando consecutivamente desde los años noventa-- se entregan al gobierno una serie de reivindicaciones para ser eventualmente objeto de negociaciones con el gobierno.

La Marcha de las Margaridas es una amplia movilización de mujeres campesinas convocada por la CONTAG, pero en la que participan diversas organizaciones sociales. La primera marcha tuvo lugar en 2000 y logró reunir a más de 20 mil mujeres. Hubo una segunda marcha en 2003 a la que acudieron alrededor de 50 mil mujeres. A juicio de una de sus organizadoras, “estas marchas han tenido el doble propósito de fortalecer el papel de las mujeres dentro del movimiento sindical y debatir sobre políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras rurales a través de la instrumentación de políticas públicas con enfoque de género”.

Como observamos en el capítulo anterior, desde mediados de los noventa la CONTAG ha promovido ocupaciones en varios estados del país. A pesar de que su incidencia política y mediática es inferior que la alcanzada en todo el país por el MST, el número de ocupaciones y asentamientos del movimiento sindical posiblemente sea mayor a la de los Sin Tierra, aunque no existen datos exactos.

La mayor incidencia de asentamientos de la CONTAG se concentra en los estados de Minas Gerais, Goiás, Pernambuco y Ceará, con una presencia que abarca a todos los estados del país, a excepción de Sao Paulo, Paraíba, Sergipe, Alagaos y las provincias del sur, bastión tradicional del MST.

Aunque en los asentamientos de la CONTAG no impera una forma exclusiva de organización, la orientación común busca preferentemente estimular a través de capacitación y asesoría técnica, la organización colectiva para así superar con más facilidad las dificultades que impone la falta de infraestructura y comercialización. La CONTAG, sin embargo, no se plantea interferir en casos en los que los procesos culturales históricamente han sido más proclives a la organización de las familias en forma individual .

En general, la orientación colectiva ha logrado concretarse fundamentalmente en los estados del nordeste, donde las condiciones del suelo y acceso al agua exigen formas de trabajo colectivo casi como único recurso posible de supervivencia. En otras regiones del país, sin embargo, como ocurre en el Sudeste o Centro – Oeste, donde los suelos son de mejor calidad y existe un mayor acceso a recursos productivos, los procesos productivos están más orientados a la propiedad individual.

No es posible abarcar en una sola definición el perfil característico de los asentamientos de la CONTAG frente al de otras organizaciones, como el MST. Los estudios realizados reflejan experiencias positivas en unos y otros casos, lo que impide afirmar que una organización haya sido más eficiente que otra en la organización de los asentamientos .

Sabemos, sin embargo, que la CONTAG no ha avanzado tanto en la organización de los asentamientos como lo ha hecho el MST. Hasta ahora, el trabajo del movimiento sindical –como reconocen sus propios dirigentes-- se ha orientado más a la organización de los campesinos para lograr la conquista de la tierra que a la organización una vez que la tierra ha sido conquistada. Ello responde, según la propia dirigencia, a la falta de recursos .

La CPT

La CPT es una organización ecuménica que forma parte de la Comisión Nacional de Obispos Brasileños (CNBB). Está organizada en 20 regiones de Brasil, cada una de las cuales tiene diversos equipos diocesanos. Posees una coordinación colegiada de 8 miembros, con un presidente y un vicepresidente que --por exigencia de la CNBB-- deben ser necesariamente obispos. En cada región, a su vez, existe una coordinación electa en asamblea. Desde 2001 se celebra, cada tres años, una congreso nacional.

La CPT define su misión en términos de “buscar una presencia solidaria, fraterna y afectiva que presta un servicio educativo y transformador a los pueblos de la tierra y el agua para estimular y reforzar su protagonismo”. Para ese fin, la Comisión asesora sindicatos, movimientos sociales y otras iniciativas populares, y se plantea “animar y acompañar a los campesinos, así como a sus organizaciones, prestándoles asesoría pastoral, teológica, metodológica, jurídica, política y sociológica para que estos sean sujetos de su propia historia” .

Una de las principales fortalezas de la CPT es haber contado históricamente con un sólido grupo de abogados capaces de brindar asesoría jurídica, lo que le ha permitido dotarse de una sólida y amplia fuente de datos a través de los cuales documenta año a año los acontecimientos de violencia y los casos de trabajo esclavo que subsisten en el ámbito rural. Con este material elabora denuncias públicas que buscan tener repercusiones nacionales e internacionales.

La CPT no se plantea por sí misma llevar a cabo ocupaciones de tierras o formar asentamientos como lo hace la CONTAG o el MST, aunque existen algunas experiencias aisladas en el nordeste que han sido desarrolladas por las coordinaciones regionales. La dirigencia nacional, sin embargo, en más de una ocasión presta asesoría a otros movimientos sociales para que éstos lleven a cabo ocupaciones, “sin asumir la paternidad de las mismas y procurando que sean esas organizaciones las que conduzcan sus propias luchas .

El MST

El MST está organizado en 23 de los 27 estados brasileños, con excepción de Acre, Amazonas, Roraima y Amapá, estados de la región amazónica en los que la lucha por la tierra tiene otras características y es protagonizada por otro tipo de organizaciones. Según cifras del propio Movimiento, participan en su seno más de 1,5 millones de personas, tiene alrededor de 600 campamentos en todo el país y 1,490 asentamientos.

La instancia máxima de organización es la Dirección Nacional, compuesta por representantes de las direcciones estatales. En los estados, la organización se subdivide en estructuras regionales, que en algunos casos también se organizan en instancias microregionales. En ed campo de las acciones, la organización se divide en sectores que atienden las demandas que surgen en las ocupaciones y asentamientos*

El FrentE de Masa es responsable por el trabajo de concientización e integración de las poblaciones sin tierra al movimiento y es responsable de organizar las ocupaciones. Existen cabezas para las áreas de comunicaciãn, salud, educación, género y formación y otra para el Sistema Cooperativista de los Asentados, la instancia encargada de la producción y comercialización en los asentamientos.

Los principales instrumentos de lucha del MST son las ocupaciones de tierra, la organización de campamentos en ocupaciones, afuera de las grandes propiedades o a la orilla de las carreteras, las marchas e incluso instrumentos de mayor presión como los saqueos,la toma de edificios públicos y las huelgas de hambre.

Las ocupaciones de tierra son la principal estrategia utilizada por el MST para forzar al gobierno a expropiar áreas improductivas para fines de la reforma agraria . Se trata de actos que van más allá de la simple toma de una porción de tierra y que constituyen, en esencia, un trabajo político que comienza con el reclutamiento previo de grupos de familias desposeídas, con las que se debaten soluciones a sus problemáticas y se definen estrategias de lucha.

El movimiento comienza por estudiar las condiciones del lugar y buscar adeptos entre las comunidades más próximas para ocupar una porción de tierra de latifundio de forma preferentemente masiva y así demostrar la existencia de tierras ociosas y su disposición a trabajar en ellas. De esa forma, el Movimiento busca negociar con los gobernantes salidas para los problemas de los Sin Tierra.

La legalidad de las ocupaciones es un asunto sujeto a debate jurídico. Ni jueces ni juristas tienen una postura unánime al respecto. Por un lado, existe una jurisprudencia contra el crimen de despojo de posesión en las ocupaciones, lo que quiere decir que no se sanciona la ocupación de tierras cuando éstas están ociosas o mal trabajadas.

Ello responde a la existencia de una legislación que establece que las propiedades que no cumplan con su función social --como lo estableció la Constitución de 1988—pueden ser expropiadas por el gobierno . Este precepto ha permitido que surja una corriente dentro del Poder Judicial que coloca el interés social por encima de los derechos individuales de los propietarios de tierras.

De esa forma, si bien se reconoce la legalidad de las ocupaciones, se considera que, frente a una ocupación, compete a un juez ordenar una evaluación técnica del área. De confirmarse el carácter ocioso de la propiedad en cuestión, deberá declararse la expropiación y su propietario ser indemnizado. Cabe destacar, sin embargo, que no siempre ha sido ese el procedimiento de los jueces, quienes –en una estricta aplicación del Código Civil—ordenan el desalojo de las familias .

Si la ocupación logra superar el obstáculo del enfrentamiento y la negociación con las fuerzas militares, el paso siguiente es la negociación política con los representantes del gobierno. En ese momento, el apoyo externo de otras organizaciones campesinas, de derechos humanos, partidos políticos y, no menos importante, medios de comunicación. Captar la atención de la opinión pública es esencial para lograr lo que el Movimiento necesita: que la ocupación se convierta en un hecho político.

La estrategia de ocupación genera una lógica propia de acción colectiva dentro del Movimiento, al reunir a un grupo de familias en una misma experiencia de vida que parte de los momentos previos a la toma de la tierra y se prolonga hasta que se establecen en asentamientos donde sólo es posible permanecer a partir de vínculos de ayuda mutua.

La lucha del MST no se agota en la conquista de la tierra. Una vez conquistada y legalizada su posesión --cuando los campamentos alcanzan la categoría de asentamientos--, es imperioso buscar las condiciones que permitan permanecer en el lugar. Dado que las tierras que logran establecerse suelen ser de baja calidad y su infraestructura es escasa, es importante que los campesinos continúen organizados y articulados dentro del movimiento” .

Los grupos de ayuda mutua que se conforman en los asentamientos encaran conjuntamente las tareas que requieren mayor aporte de fuerza de trabajo y se organizan formas asociativas en las cuales se comparten herramientas o máquinas entre los asentados. De esa forma, es posible afirmar que el MST organiza su acción colectiva a partir de una red de solidaridad, de relaciones de reciprocidad y e intereses.

En un primer momento, la solidaridad permite que los acampados logren subsistir en condiciones que casi nunca son óptimas; mientras que una vez que el campamento alcanza la categoría de asentamiento, se institucionalizaba una relación en la que quienes han logrado obtener una parcela de tierra o acceder a mejores condiciones productivas coadyuvan a través de su capital financiero y humano en los esfuerzos del Movimiento como un todo.

La conformación de los asentamientos varía. Algunos permanecen en su tamaño original, otros llegan a tener entre 600 y 700 familias. Los asentamientos del MST son considerados por el movimiento como “territorio ocupado”, donde --a decir de sus propios dirigentes-- “la organización se transforma en una especie de Estado que se ocupa de la persona humana de forma integral, en aspectos que abarcan desde la casa y la comunidad, pasando por la educación, la salud y la cultura”, pretendiendo así abarcar una cantidad de dimensiones.
En 1986, el Movimiento eligió la cooperación agrícola como la principal manera de organizar la producción y comercialización en los asentamientos y se promovió la organización de asociaciones para la gestión de recursos y proyectos de producción colectiva.

El MST concibe la cooperación agrícola como un “instrumento pedagógico” que permite al trabajador rural “romper con la autosuficiencia y el individualismo” a fin de crear una nueva estructura social que estimula a los campesinos a superar sus problemas de forma colectiva” . En una suerte de manual del Movimiento, se resaltan cinco importantes ventajas de la cooperación agrícola en el ámbito de la producción:

1. Aumento del capital. Cuando reúnen sus excedentes, reorganizan sus capitales o aplican colectivamente sus empréstitos, los asentamientos consiguen obtener mayor crédito para la adquisición de bienes necesarios para incrementar la producción.

2. Obtención de crédito. Considerando que los bancos suelen exigir que el solicitante de empréstitos compruebe la posesión de hasta tres veces el valor del crédito que solicita, y cuando, evidentemente, ninguno de ellos posee individualmente ese valor, es necesario que un colectivo de asentados reúna sus bienes y sus pequeños excedentes para obtener mayores créditos.

3. Aumento de la productividad. Con la división social del trabajo, cada labrador realizará menos actividades o se limitará a actuar, si acaso, en una línea de producción, pero con mayor habilidad y calidad. Si a ello se suma la racionalización en el uso de maquinaria e insumos, se obtiene mayor productividad en menor tiempo.

4. Racionalización de la producción de acuerdo a los recursos naturales. El suelo y el clima son dos factores importantísimos en la producción y en la productividad agrícola. Es muy difícil aprovechar correctamente sus potencialidades en un esquema familiar individual en el que el asentado tiene que producir un poco de todo para sobrevivir. Con la cooperación agrícola es posible aprovechar al máximo el suelo y el clima, produciendo para el mercado sólo los productos apropiados.

5. Desarrollo de la agroindustria. Cuando se realizan diversas actividades en conjunto, es posible racionalizar el uso de la mano de obra y liberar una porción cada vez mayor de esta para otros fines de interés general para la comunidad. La mano de obra disponible puede ser utilizada en unidades agroindustriales de pequeño y medio porte orientadas a la transformación de productos manufacturados capaces de agregar mayor valor en el proceso de comercialización .


Para hacer posible la cooperación, el MST considera que es necesario que los asentados habiten en regiones próximas a los centros de producción, a fin de conformar un núcleo social que, además de promover la convivencia, facilita el accceso a la infraestructura básica, a la energía eléctrica y al agua entubada, entre otros servicios. Para promover esa proximidad, existen hoy dos formas básicas: las agrovilas y los núcleos de viviendas.

Las agrovilas son grupos de casas construídas unas junto a otras en lotes reservados para esa finalidad, donde se facilitan servicios básicos. En ellas deben seguirse diversas reglas de convivencia. Los núcleos de viviendas, que suelen ser más comunes en las regiones sur y sudeste, difieren de las agrovilas en que las casas son construídas en lotes individuales en los que se dividen los asentamientos y ocupan espacios menores.

Los asentamientos buscan promover –al menos en teoría—una estructura participativa que, sin ser burocrática, permite que todos opinen, decidan y asuman responsabilidades cotidianas. Cada núcleo cuenta con dos coordinadores, uno de los cuales debe ser siempre una mujer, para así garantizar la participación de éstas .

Una de las características más importantes en lo que hace al trabajo de los asentamientos tiene que ver con el alto grado en que se involucran distintos miembros de la familia, que tradicionalmente no suelen tener un papel destacado en las organizaciones rurales. Así, el asentamiento incorpora activamente a niños, jóvenes, ancianos y mujeres, como ya se mencionó, en las diversas actividades colectivas desempeñadas.

Las ventajas y desventajas de los distintos sistemas de cooperación han sido largamente debatidas y, en consecuencia, han sufrido varias transformaciones como fruto del aprendizaje. Así, de sostener la supremacía de los “colectivos de producción” como la forma auténtica y exclusiva de cooperación, se pasó a considerar la posibilidad de integrar distintas modalidades y promover algunas formas más flexibles de cooperación que tomaran en cuenta las condiciones objetivas y subjetivas .

En la actualidad, se han logrado consolidar un conjunto de cooperativas que han incorporado la instalación de agroindustrias para agregar mayor valor a la producción y generar otras opciones de empleo en el campo.
El MST distingue hoy la existencia de tres formas principales de cooperación de acuerdo a las particularidades que presenta el uso de la tierra y el trabajo, la composición del capital, la producción, la vivienda y los diversos aspectos legales:

1. Asociaciones. Existen diversos tipos. Hay asociaciones para la adquisición de animales, maquinaria o instrumentos agrícolas; de comercialización (compra venta de productos agropecuarios); de beneficio productivo (almacenamiento de harinas, serrerías, molinos, etc…)

2. Cooperativas de prestación de servicios. Son un desdoblamiento de las asociaciones. Cuando crece la actividad de los asentados, buscan normalmente crear un agente económico con mayor capacidad de actuar en el mercado regional. Así, estas cooperativas planean, organizan y comercializan las principales líneas de producción de los asentandos en sus lotes familiares. Además, prestan servicios de asistencia técnica, distribuyen insumos agrícolas, servicio de máquinas y facilitan el acceso al crédito. Por sus características, esta forma de cooperación ha logrado aglutinar a un importante número de asociados. Actúan regionalmente.

3. Cooperativas de producción agropecuaria. Es un tipo de cooperativa en la que los factores de producción (tierra, trabajo y capital) son administrados colectivamente sobre la base de la propiedad y la producción social. Los dueños son los trabajadores y los excedentes son repartidos entre sí conforme la trabajo que aporta cada uno. En general, estas cooperativas se reducen a grupos de entre 10 y 60 familias.


El modelo cooperativista de reforma agraria reveló una crisis en 1993, como resultado de las dificultades para gestionar y viabilizar las cooperativas. Desde sus orígenes, el MST había privilegiado una organización productiva basada en un trabajo enteramente colectivo donde la organización de los campesinos se daba a partir de grupos de familias próximas.

Sin embargo, se fue haciendo evidente –a decir del propio Joao Pedro Stédile-- que “no era posible implantar la cooperación en la producción de forma voluntarista, sino que era necesario ir gestando las condiciones materiales y culturales que hicieran cada vez más posible y deseable un alto nivel de cooperación entre los asentados” .

En la visión del Movimiento, a pesar de las dificultades que implica el desarrollo de cooperativas colectivas, éstas representan la experiencia más exitosa de cooperación, en tanto han permitido las mejores condiciones de vida desde el punto de vista económico, social y cultural. En éstas, se ha logrado desarrollar de forma importante la industria láctea, siendo hoy la principal fuente de renta de los asentamientos del MST.

Francisco Dal’ Chiavon, miembro de la dirigencia del MST y responsable del sistema de cooperativas afirma:

Hemos flexibilizado al máximo las formas de cooperación, aunque mantenemos la idea de que sólo las formas de colectivas tienen futuro en la economía, en tanto el estímulo a la pequeña propiedad individual no tiene posibilidad de sobrevivir frente a la gran propiedad. Por eso nuestros mayores esfuerzos están volcados a la creación de mecanismos que favorezcan la industrialización y comercialización en grandes cantidades para estar en condiciones de competir en una economía capitalista (…) No es que estemos en contra de la propiedad individual, pero consideramos que es inviable desde el punto de vista económico y que tiende a desaparecer frente a los embates de la gran propiedad capaz de reducir permanentemente sus precios .

Si bien hoy el MST no establece una forma exclusiva de organización para todo el país (teóricamente ésta varía de acuerdo a las regiones y necesidades específicas), en el nordeste --donde la productividad de la tierra es baja y los agricultores están obligados a desplazarse hacia sitios alejados para realizar el trabajo agrícola—se suele privilegiar la organización de agrovilas para resolver conjuntamente los problemas generados por la falta de agua e infraestructura,, mientras que en el sur, donde las condiciones del suelo son más productivas y la tendencia de los campesinos es a ubicar las viviendas en sus respectivos lotes, como lo explicamos anteriormente. A partir de mediados de los noventa, varios asentamientos del MST comenzaron a desarrollar procesos agroindustriales que involucran desde la producción (secado, almacenamiento y clasificación), hasta el acabo final de las materias primas, pasando por las etapas intermedias que hacen al beneficio de los productos. El Movimiento ha desarrollado las formas de agroindustria rural, mixta y tradicional que se detallan a continuación:

1) Agroindustria rural. Trabaja con productos sofisticados cuya materia prima es extraída de los propios lotes de las familias de asentados y se empeñan capitales pequeños en situaciones en que no se requieren amplias escalas de producción para viabilizar los emprendimientos.

2) Agroindustria mixta. Requiere de todos los recursos industriales. Parte de la materia prima es propiedad de los asentamientos y otra parte proviene de terceros, (generalmente pequeñas empresas de alimentos).

3) Agroindustria tradicional. Adopta todos los recursos industriales, contrata personal asalariado y adquiere materias primas de terceros. Para competir con los grandes monopolios u oligopolios en precio y calidad, debe alcanzar altos índices de productividad y especialización.

Los asentamientos del MST poseen actualmente unidades agroindustriales que involucran mataderos de bovinos, puercos y aves; queserías, despulpadoras de fruta, diversos tipos de molinos y productoras de harina; procesadoras de café, castaña de cajú, caña de azúcar, legumbres, frutas y yerba mate. A partir de estas unidades, el MST desarrolla, a través de sus cooperativas centrales, algunas marcas de productos . Estas agroindustrias, además de generar nuevos puestos de trabajo, han permitido elevar el nivel de calificación de los trabajadores rurales asentados contribuyendo a mantener a la juventud en el campo y a atenuar su éxodo hacia las grandes ciudades.
El sustento financiero del MST, se realiza a través de la contribución de los propios asentados (las familias favorecidas con tierras y créditos aportan un 1% de su producción anual para el movimiento) y sus cooperativas, así como el apoyo de la cooperación internacional y los recursos propios captados a partir de la venta de publicaciones y materiales promocionales.

Cabe destacar, sin embargo, que sería imposible concebir la supervivencia de los asentamientos del MST sin los recursos provenientes del crédito estatal. Por ello, una de las principales demandas del movimiento, desde sus inicios fue la creación de una línea especial de crédito para los asentamientos, lo que en 1986 se tradujo en la creación del Programa de Crédito Especial para la Reforma Agraria (PROCERA).

A pesar de ser un movimiento con una lucha específica –el acceso a la tierra—, con el paso del tiempo las directrices políticas del MST se han ido ampliando, incorporando reivindicaciones más amplias. De esa forma, como ya señalamos, durante los últimos años el MST se ha involucrado en las luchas sociales de otros sectores sociales. Ejemplo de ello fue la participación del Movimiento en la Marcha Nacional por el Empleo, la Justicia y la Reforma Agraria que tuvo lugar en 1997.

Más allá del ámbito nacional, el MST ha comenzado a jugar un rol importante en redes internacionales de organizaciones campesinas como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y de Vía Campesina, gozando de una gran visibilidad internacional que han resultado en la fundación de grupos de apoyo en otros países, e incluso en la participación de voluntarios extranjeros en los asentamientos.

Fortalezas y debilidades de los movimientos
En los asentamientos rurales de la CONTAG –aunque principalmente en los del MST—se ha logrado estimular el desarrollo de formas de acción colectiva capaces de elevar la eficiencia y la productividad agrícola. Al reunir a varias familias para organizar la producción de forma colectiva --en muchos, aunque no en todos los casos—ha demostrado ser un medio adecuado para que los campesinos adquieran medios de producción de mejor calidad y a precios más accesibles.

Este medio ha permitido contar con mayores terrenos y organizar la producción para cosechar en las épocas más adecuadas, aprovechar mejor la tierra y evitar su erosión; producir más allá del autoconsumo, comprar y vender sus productos en el mercado a precios más convenientes e incrementar su capacidad de presión para obtener asistencia técnica y mejoras en la infraestructura .

La formación de asentamientos productivos ha permitido el acceso a la tierra a un número significativo de familias que representan una de las franjas más pobres del país. Sin esa alternativa, no habrían tenido otra opción que migrar hacia las ciudades en momentos de baja actividad económica. Los estudios que se han realizado para analizar la productividad de los asentamientos así lo demuestran.

Uno de más relevantes al respecto, elaborado por la FAO y el INCRA en 1992, encontró que “los beneficiarios de la distribución de tierras generaron en promedio una renta anual por familia equivalente a 3,7 salarios mínimos, valor superior a la renta promedio posible de ser obtenida por cualquier categoría de trabajadores rurales en el campo” .

El II Plan Nacional de Reforma Agraria presentado por el gobierno del presidente Lula da Silva diagnostica que los asentamientos se han conformado como unidades productivas capaces de promover transformaciones económicas, políticas y sociales que no sólo han beneficiado a sus pobladores, sino que también han logrado repercutir de forma positiva en las regiones en que se encuentran, al potenciar el mercado de alimentos y productos agrícolas, así como bienes de consumo que se comercian en los localidades .

Los asentamientos del MST y otros movimientos han logrado dinamizar económicamente regiones del país en las que prácticamente no había actividad productiva y han contribuido a la formación de dirigentes municipales capaces de presionar a las instituciones para intervenir de forma más decisiva en la instrumentación de políticas públicas. El propio Zander Navarro –uno de los principales críticos del MST a cuyos razonamientos damos amplia cabida en este estudio-- da cuenta de cómo innumerables zonas del país han sido revitalizadas gracias al nacimiento de un conjunto de familias rurales más participativas que han contribuido a la democratización de los municipios .

El más reciente estudio de evaluación sobre los asentamientos del MST, elaborado por destacados especialistas del Núcleo de Estudios Agrarios y de Desarrollo Rural de Río de Janeiro, refleja hasta qué punto el acceso a la propiedad de la tierra en poblaciones históricamente excluidas ha logrado beneficiarlas. A continuación se ofrece un sumario de sus principales hallazgos y conclusiones:

• Los asentamientos fortalecen a la familia como unidad productiva. Los lotes de los asentamientos estudiados mostraron seguir, en su composición, el modelo común de la agricultura fa-miliar, siendo habitados por una familia nuclear (padre, madre e hijos) que pasa a tener en el local una importante fuente de trabajo y condiciones de reproducción social y económica. De esa forma, los asentamientos están actuan--do como mecanismos de recomposición de las familias, tanto al contribuir a la reconstitución de lazos familiares (antes deshechos o amenazados por la necesidad de desplazamiento de hijos, padres, hermanos, en busca de alternativas de supervivencia), y funcionando como una forma temporaria de amparo para los familiares.

• La experiencia política de la lucha por la tierra (independientemente de su forma) ha producido liderazgos y formas de representación en el ámbito municipal, así como un aprendizaje sobre la importancia de las formas organizativas y su capacidad de producir demandas que modifican el escenario político local. Para ejemplificar esta situación, los realizadores del estudio afirman haber notado la presencia de representantes de los trabajadores participando en órganos colegiados de gestión municipal (Consejos de Desarrollo Rural, Salud, Educación, Agri-cultura), en secretarías municipales de agricultura y como candidatos a cargos electivos en las disputas locales (ediles y alcaldes).

• Los asentamientos reflejan interesantes avances en el ámbito de la productividad agrícola. Maíz, mandioca y frijoles son nítidamente los productos de cultivo más generalizado. El valor de estos productos es estratégico, pues son al mismo tiempo fácilmente comercializables y cruciales para la alimentación familiar. En menor relevancia se cultiva ñame, banana y arroz. No son menos importantes las culturas eminentemente “comerciales” como algodón, caña de azúcar, piña y tabaco. De igual forma, los asentamientos contribuyen a diversificar las pautas de productos agropecuarios, introduciendo nuevos cultivos e incrementando significativamente la producción de algunos ítems secundarios de las pautas locales. Los asentamientos se destacan inclusive con relación a ciertos productos ya tradicionales en los municipios.

• Los asentamientos han logrado una gran diversificación de productos en áreas que antes eran de monocultivo o de pecuaria extensiva, significando una especie de re-con-versión productiva en regiones de crisis de la agricultura patronal, lo que en algunos casos contribuye a una reorganización de los sistemas de uso de los suelos. La diver-sificación en la pauta de productos tiene efectos también sobre los propios asentados, ya que la coexistencia entre producción destinada a la subsistencia y productos para el mercado constituye una forma de protección de las familias frente a los problemas de comercialización, además de significar una mejoría cuantitativa y cualitativa de la alimentación.

• La condición de asentados ha permitido a un importante segmento de trabajadores rurales tener acceso a los mecanismos de crédito rural para costear la producción, aunque este proceso esté marcado por grandes dificultades: el 93% de las familias entrevistadas nunca había tenido acceso a crédito antes. Además, en la medida en que los recursos movilizados para el crédito impulsaron un conjunto de actividades locales, aumentan la circu-lación monetaria en el municipio y establecen un diálogo directo y particular con el Estado, por medio de sus políticas públicas y agentes financieros.

• La presencia de los asentamientos provocó, en varios municipios analizados, el crecimiento de la oferta, diversificación y disminución de los precios de los productos alimenticios. Formas asociativas de comercialización (y de beneficiamiento de productos) también están siendo experimentadas en varios núcleos, mediante la creación de puntos de venta propios (ferias de productores o espacios alternativos a lo largo de las carreteras), formas cooperativas de comercialización, implantación de pequeñas agroindustrias, constitución de marcas propias para comercializar la producción. Estas iniciativas asociativas, en algunos casos, tienen un peso importante en la comercialización de los productos y, más allá de su significado económico, tienen también la función de transformar la comercialización en un momento de afirmación social y política de la identidad de asentados y del éxito de la experiencia de los asentamientos.

• El acceso a la tierra permite que las familias tengan una mayor estabilidad y establezcan nuevos arreglos en las estrategias de reproducción familiar que resultan, de modo general, en una mejoría de los rendimientos y de las condiciones de vida, especialmente cuando se considera la situación de pobreza y exclusión social que caracterizaba a muchas de estas familias antes de su ingreso a los proyectos de asentamiento. El rendimiento promedio nominal mensual de la familia, para el conjunto de la muestra, es de R$ 312,42. Al comparar las condiciones de vida anteriores al asentamiento con las actuales, el 91% de los asentados entrevistados indicó una mejoría o consideró que hubo una mejoría después de la llegada al asentamiento; el 66% de los asentados indicó una mejoría en su alimentación y el 62% percibió mejorías en su poder de compra .

Hablemos ahora de debilidades. En el caso del MST, una de las principales críticas que se le hacen es que su práctica interna es su estructura vertical y escasamente democrática. Durante le primer encuentro nacional de 1984 se definió la organización del Movimiento bajo el principio leninista de “centralismo democrático”.

Se estableció, además, que todas las instancias de decisión –comenzando por su dirección nacional— serían conducidas de forma colegiada para así evitar la centralización del poder y la personalización de su directiva” y que el poder estaría virtualmente descentralizado a través de comisiones municipales, regionales o estatales que gozarían de autonomía formal.

Sin embargo, esta lógica de “centralismo democrático” –al igual que en los viejos partidos comunistas dependientes de la Unión Soviética— se ha traducido en exceso de centralismo y escasa democracia. En los hechos, la Dirección Nacional –de cerca de 20 miembros— es la que elige, de entre quienes llegan a los más altos niveles de dirección a nivel local, a los integrantes de esa instancia, “seleccionando a quienes se manifiestan más conformes con los criterios y principios vigentes dentro del Movimiento”. Es esa Dirección, de igual forma, la que toma las decisiones importantes e impone su control y disciplina al resto del movimiento. Sus integrantes, además, no estén sujetos a ningún tipo de control.

El gran poder de coacción en manos del Movimiento –como ha apuntado Zander- radica en el control social que ejerce su dirección al fungir como mediadora en la distribución de los fondos públicos que se destinan a los asentamientos. La selección de esos beneficiarios se realiza, en los hechos, entre los militantes más leales a los objetivos estratégicos de la organización, o bien ejerciendo eventuales presiones a los agricultores inconformes . Esa situación ha generado crecientes casos de rompimiento e incluso ha dificultado las alianzas o el establecimiento de agendas comunes con otras organizaciones sociales.

Crecientemente, algunos estudiosos de los movimientos rurales han planteado la existencia de un divorcio entre la dirigencia del MST y el propio movimiento. Tal vez el más crítico de ellos sea el sociólogo rural José de Sousa Martins, quien plantea que en el MST se está gestando un proceso en el que los cuadros dirigentes cada vez representan menos a sus bases, en tanto provienen de clases medias, extremadamente ideologizadas, que imponen su visión de los problemas sociales antes que representar el sentir de los trabajadores rurales.

Navarro plantea que en su segunda etapa histórica (1986-1993), el MST dejó de ser un movimiento de masas para convertirse, prácticamente, en una organización de cuadros de inspiración leninista, que son los que hoy dirigen el MST. Si atendemos a la distinción que hace Navarro entre movimiento y organización (donde el movimiento está formado por campesinos que no tienen tierras y la organización por una estructura de cuadros militantes con su estructura, sus objetivos, sus estrategias y sus tácticas de acción— se desprende que hoy, mientras los primeros son los que participan de las ocupaciones y los asentamientos, los segundos son los que realmente conducen la organización.

El otro asunto polémico es el que tiene que ver con la autonomía del MST. A pesar de que ésta fue un asunto central en sus orígenes, una de las grandes paradojas que hoy se observan es que, a pesar de su fuerte retórica antiestatal –comprensible en tiempos dictatoriales— el MST sería incapaz de concebirse sin el Estado. Es claro que “uno de los factores más importantes que han permitido al MST alcanzar un gran predicamento y un instrumento de coerción al interior de los asentamientos es el manejo de los créditos que otorga el Estado”. Varios estudiosos han hecho notar “la flagrante contradicción de que el MST haga uso extensivo del crédito para los agricultores, asumiendo la responsabilidad de distribuirlo entre los asentados, y que, al mismo tiempo, lo designe permanentemente como su enemigo principal .

Martins señala que la gran paradoja en la que han caído tanto el MST como la Iglesia Católica en Brasil –léase la CPT— ha sido que, a pesar del gran mérito de colocar la cuestión agraria en la agenda del Estado brasileño, deslegitima al mismo tiempo su inclusión y “se rehúsa a aceptarla como un hecho político que tiene como implicación necesaria e inevitable la negociación y el acuerdo en cuanto a la viabilidad y extensión de la forma y calidad de la reforma agraria” .

Todavía existe entre los movimientos campesinos (CPT y MST principalmente) la idea de que la reforma agraria en un país capitalista es el vestíbulo hacia una revolución, cuando es un hecho que “durante el último medio siglo, en los distintos países capitalistas en los que se impulsaron procesos de reforma agraria, fue precisamente como un instrumento de prevención de transformaciones políticas radicales y el medio a través del cual se incorporó a las poblaciones marginales a la economía de mercado” .

Otra de las cuestiones que ha señalado de Sousa Martins es que estos movimientos desconocen --y muchas veces simplifican-- las cuestiones sociales al reducirlas a meros asuntos económicos. Una expresión clara de esto es como han perdido de vista una contradicción presente en buena parte de los trabajadores rurales, quienes por un lado quieren acceder a los beneficios de una economía de mercado, pero al mismo tiempo, buscan preservar aquellos valores familiares y comunitarios que el capitalismo tiende a destruir.

3- LOS MOVIMIENTOS EN EL DESARROLLO RURAL

Durante los últimos años, los movimientos rurales en Brasil han logrado acumular un importante capital político y una gran capacidad de movilización que se ha traducido en una capacidad para presionar al los gobiernos nacionales y locales e incidir en la puesta en práctica de un conjunto de políticas públicas orientadas tanto a satisfacer sus necesidades específicas como a promover el desarrollo rural.

Salvo el caso específico de la CPT –que no reconoce un interés explícito en este campo-- , en el Brasil contemporáneo sería imposible concebir la formulación de un número importante de políticas públicas para el ámbito rural de no ser por la participación activa de organizaciones como la CONTAG, el MST e Incluso sus múltiples escisiones. La gran reivindicación del MSTR durante los años de la dictadura y los primeros del régimen democrático se orientó a alcanzar los mismos beneficios de seguridad social de los que disfrutaban los trabajadores urbanos.

En 1976, como resultado de la acción de movilización emprendidas por las Ligas Camponesas y la CONTAG, se creó el Fondo de Asistencia al Trabajador Rural (FURURAL), la primera concesión del gobierno militar a los trabajadores rurales. A través de este fondo se estableció un descuento del 1% sobre el valor del producto rural in natura, pagado por el adquiriente o consignatario en su primera operación paragarantizarle asistencia médica.

Cuatro años después, surgió el llamado PRORURAL, que convirtió al trabajador rural –con sus reservas-- en beneficiario de la seguridad social (entonces, el pago de pensiones se limitaba a los jefes de familia que superaran los 65 años y correspondía únicamente a un 30% del salario mínimo). En 1974, sin embargo, se incluyó una renta mensual vitalicia para todos los mayores de 70 años, dirigida a aquéllos que no completasen los requisitos establecidos para acceder a una pensión y se estableció un seguro de accidente para los trabajadores rurales.

Con el advenimiento del régimen democrático, en 1985, la CONTAG discutió en congreso un anteproyecto de reforma a la seguridad social y, al poco tiempo, fue convocada por el gobierno federal a participar de un grupo de representantes de la sociedad para discutir sus propuestas.

Durante la Asamblea Nacional Constituyente, la CONTAG apostó buena parte de su capital político a esta reforma, con lo que la acción movilizadora de los sindicatos se centró esencialmente en esta área logrando avances significativos. Así, la nueva Constitución por primera vez reconoció que la universalidad del derecho a la seguridad social, incluyendo a todos los trabajadores rurales y a las mujeres que hasta entonces habían permanecido excluidas de una política que sólo beneficiaba a los jefes de familia.

Esta nueva disposición constitucional, sin embargo, demoró su instrumentación efectiva. Por ello, en los años siguientes fue necesario intensificar la movilización de los trabajadores rurales a fin de garantizarla plenamente. La década de los noventa amanació con amplias movilizaciones de las federaciones de todos los estados del país. En 1993, después de muchas presiones, el Ministerio de Seguridad Social concedió más de 700 mil pensiones. Actualmente son más de 7 millones de beneficiarios que mensualmente reciben medio salario mínimo.

Como mencionamos anteriormente, el impacto de la seguridad social en el campo ha tenido importantes efectos, en tanto ha permitido atenuar la pobreza en el mundo rural. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el monto que recibe cada pensionado beneficia a una media de 2,5 personas que viven en torno a cada pensionado, lo que en total representa a unos 24 millones de beneficiados directo o indirectos .

Conscientes de que los recursos devengados para este fin –que hoy ascienden a más de 1 600 millones de reales—no están asegurados para el futuro, la CONTAG ha promovido acciones de movilización para evitar cualquier retroceso en esta materia. A partir de 1996, la Confederación promovió un amplio debate sobre la contribución de los trabajadores rurales a la seguridad social, con base en cuyas discusiones presentó en 2002 un proyecto de ley a la Cámara de Diputados con el respaldo de más de un millón de firmas y busca garantizar la permanencia de los trabajadores rurales dentro del sistema de pensiones y elevarla a un salario mínimo.
Como se ha podido apreciar en estas páginas, hoy una de las principales demandas de las organizaciones rurales en Brasil gira en torno a la reforma agraria. Si bien el MST ha hegemonizado esta lucha, la reforma ha sido y es el principal punto en el que convergen las reivindicaciones de las distintas organizaciones.


Hemos visto como las grandes movilizaciones populares que acompañaron el fin del régimen militar y el inicio de la Nueva República reavivaron las esperanzas en torno a su realización. El Plan Nacional de Reforma Agraria contó con la participación activa de conocidos defensores de la reforma, como fue el caso de José Gomes da Silva, tanto como dirigentes y asesores sindicales vinculados a la CONTAG que optaron por colaborar con el gobierno de Sarney y descartar las ocupaciones de tierra como forma de lucha .

No fue igual la actitud de los movimientos rurales como el MST, los cuales desde un inicio consideraron que la propuesta del gobierno era tímida. Por ello se negaron a coadyuvar con el nuevo régimen y criticaron la actitud de la CONTAG frente al gobierno, misma que fue tildada de “colaboracionista”.

En cuanto el PNRA fue hecho público, el MST hizo una serie de ocupaciones en Santa Catarina que buscaban demostrar su fuerza, señalar su desconfianza en relación a las promesas del nuevo gobierno, presionarlo a cumplirlas, pero también colocarse como el principal porta voz de los “sin tierra” y de la lucha por la reforma agraria .

La más vigorosa oposición a la propuesta, sin embargo, vino de las organizaciones que representaban a los grandes propietarios de tierra, quienes un mes después del anuncio llevaron a cabo un congreso nacional en Brasilia para crear una nueva organización: la Unión Democrática Ruralista (UDR). En poco tiempo ganó espacio en los medios de comunicación y logró imponer sus tesis, particularmente la que tenía que ver con la defensa extrema del derecho de propiedad.

Esta articulación de la derecha logró una capacidad de presión superior a la de un movimiento rural dividido y escéptico, lo que frenó la posibilidad de promover cambios en la estructura de la tierra. Así, cuando la propuesta fue discutida en el Congreso, se abrió una polémica respecto a la definición de los “inmuebles productivos” (no sujetos de expropiación) que redujo sustancialmente los alcances de la redacción final del PNRA y los documentos subsecuentes.

Las organizaciones rurales advirtieron pronto que era necesario articularse mejor para presionar por la reforma agraria y constituyeron la Campaña Nacional por la Reforma Agraria, donde confluyeron organizaciones no gubernamentales, organismos de representación de los trabajadores y entidades vinculadas a la Iglesia, entre otras, logrando así mantener alguna presión dentro del desfavorable escenario que bloqueó las posibilidades de emprender la reforma agraria bajo la Nueva República .

Es importante señalar, que aunque la reforma agraria prácticamente estuvo ausente durante el periodo posterior a la promulgación de la Constitución, la presión de los movimientos sociales permitió que algunos gobiernos estatales intensificaran sus acciones. Para ello, recurrieron a mecanismos disponibles en la legislación, como la expropiación por utilidad pública mediante pago en dinero y la utilización de tierras públicas para atender los conflictos sociales que no dejaron de emerger.

Dentro de ese cuadro, asentar trabajadores rurales e involucrarse en sus conflictos (ya fuese para negociar, ya para reprimirlos), pasaron a ser hechos auténticamente políticos que, por su creciente trascendencia en los medios de comunicación, comenzaron a ser capitalizados por políticos del ámbito local, que pronto adquirieron relevancia a nivel nacional.

De igual forma, es importante señalar que, aunque a lo largo de la década de ochenta, la distribución de tierras fue exigua, los movimientos rurales no limitaron sus reivindicaciones a este ámbito. El MST, en el marco de una estrategia política que, a pesar de la retórica, siempre ha oscilado entre la confrontación y la negociación, apostó gran parte del capital político a hacer posible el acceso de sus asentamientos a diversas formas de recursos públicos, principalmente al crédito.

Desde esa forma, la reivindicación de crédito para la instalación, infraestructura, financiamiento de la producción y estructuración de sus cooperativas ha sido uno vasto campo de negociación con el gobierno. Ese esfuerzo fue inaugurado en 1986 con la creación del Programa Especial de Crédito para la Reforma Agraria (PROCERA), que fue producto de una serie de discusiones que involucraron al gobierno central y a los parlamentarios, tanto como a gobiernos estatales y municipales para garantizar apoyo político y recursos provenientes del presupuesto federal.

Aunque lo recursos comprometidos a través del PROCERA no fueron suficientes para atender la demanda de los asentamientos creados durante el periodo, fueron importantes para crear una base productiva mínima que permitió demostrar el papel estratégico de las cooperativas y favorecer una mayor inserción dentro de los beneficiaros de la Reforma Agraria.

A inicios de los años noventa, en medio de la convulsión política que terminó con la destitución de Fernando Collor de Mello, el gobierno federal retomó las expropiaciones de tierras para fines de la reforma agraria e inició un proceso de apertura y diálogo con los movimientos sociales, siendo nombrados como representantes del INCRA una serie de personalidades provenientes de los movimientos sociales o que gozaban de respeto entre éstos.

Si bien a lo largo de la década de noventa las medidas de ajuste disminuyeron la capacidad del Estado para atender las reivindicaciones de los movimientos sociales, sus crecientes presiones obligaron a mantener un cierto dinamismo en el campo de la política agraria que permitieron que la reforma permaneciera en el ámbito de las acciones del Estado e incluso que el gobierno adoptara medidas inéditas en este campo, como ocurrió bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.

Es importante destacar, sin embargo, que no fue así desde el comienzo de aquella gestión. Durante su primer mandato, el gobierno de FHC instrumentó una serie de acciones como la condena a los métodos del MST que fueron interpretadas como una apuesta por derrotarlo políticamente y despretigiarlo frente a la ciudadanía . Incluso durante la campaña electoral para la reelección (centrada en la política de estabilización económica y el combate a la inflación), prácticamente hizo a un lado el tema de la reforma agraria.

A mediados de los noventa, sin embargo, el escenario cambió como resultado de las masacres de Eldorado de Carajás y Corumbiara, la ocupación de nuevas tierras por parte del MST y diversos sindicatos de la CONTAG que habían decidido cambiar su postura reticente frente a las ocupaciones de tierras. El desplazamiento masivo de trabajadores sin tierra hacia la capital del país en abril de 1997 y el creciente espacio que ganó el Movimiento en los medios de comunicación también fueron determinantes.

De esa forma, las autoridades decidieron modificar sustancialmente su estrategia hacia los movimientos rurales. En 1996 el gobierno decidió emprender una reforma institucional, a través de la cual creó el Ministerio Extraordinario de Política Fundiária, que un año más tarde sería transformado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y el INCRA salió del ámbito del Ministerio de Agricultura, pasando al control del nuevo organismo.

Esta decisión fue acompañada de un importante proceso de descentralización que puso fin al fuerte centralismo que predominó desde los tiempos de la dictadura en los temas de la reforma agraria, a través de la creación de una nueva estructura operacional en el INCRA. Esta reestructuración creó las llamadas Superintendencias Regionales que buscaban dar mayor agilidad a la dotación de tierras e involucrar crecientemente a los estados y municipios en la reforma agraria y atender mejor las necesidades de los asentamientos.

Dentro de esa óptica descentralizadora, se crearon los llamados Consejos Estatales de Reforma Agraria, a quienes correspondió definir directrices estatales de reforma agraria y zonas prioritarias para el desarrollo de la agricultura familiar y los asentamientos. En estos términos, los gobiernos estatales quedaron autorizados para instrumentar procesos de expropiación y adquisición de tierras para la reforma agraria, pudiendo para ello realizar inspecciones a los inmuebles seleccionados por el Consejo.

El nuevo Ministerio de Desarrollo Agrario quedó a cargo de Raúl Jungmann, un hábil negociador que --no por casualidad-- provenía de una militancia política en la izquierda (afiliado al Partido Popular Socialista, creado por figuras del Partido Comunista Brasileño), a través del cual el gobierno de Fernando Henrique lanzó una nueva estrategia frente a los movimientos sociales conocida como Nova Reforma Agraria.

Carlos Guanziroli, gestor y partícipe de esa política explica la lógica política que siguió el gobierno a partir de entonces:

Fue una política bonapartista. Partía del principio de que para poder hacer algo por la reforma agraria era necesario mantenerse en el centro. Por un lado, había que darle a la derecha y al latifundio las garantías de que no se pasarían ciertos límites, al no tocar las tierras productivas (confusión que detuvo la reforma agraria durante los ochenta) y --al mismo tiempo--, se dio a los movimientos sociales la garantía de llevar a cabo una acción contundente contra el latifundio improductivo. Esa salvedad molestó mucho a la izquierda que quería invadir todo tipo de tierras, pero era necesaria para que la derecha entendiese que el sector productivo no sería afectado. De esa manera, se buscaba aislar al sector latifundista y conseguir el apoyo de la burguesía industrial paulista interesada por al reforma agraria .

A partir de entonces, el gobierno buscó tratar a los asentados como agricultores familiares y trazó un programa de acciones con la participación de consejos de Desarrollo Sustentable en el nivel estatal y municipal para definir las tierras que podrían ser utilizadas y la mejor forma de obtenerlas, tomando en cuenta la relación costo – beneficio, las necesidades de infraestructura, así como las demandas de crédito y asistencia técnica.

En esa concepción, el asentado pasaba a ser visto como un “emprendedor” que debía insertarse en el mercado de forma competitiva y dejar de ser tutelados por el Estado. Se creaba así el llamado Banco da Terra, inserto en la lógica del Banco Mundial a través del cual el gobierno compraría inmuebles por medio de una línea de crédito de dicho banco que ascendía a 90 millones de dólares para distribuir a los trabajadores sin tierra. Según ese esquema, el financiamiento para la compra de tierras sería reembolsable y la asociación compradora tendría un plazo de hasta diez años para amortizar la deuda.

Esa política, conocida como reforma agraria de mercado , fue instrumentada rápidamente y sin suficiente debate público, lo que generó un pronto rechazo por parte de los movimientos que, al poco tiempo, plantearon que atentaba contra el espíritu constitucional de una reforma agraria basada en la expropiación de la gran propiedad improductiva.

El MST fue el más firme opositor a la medida, en tanto hacía una defensa a ultranza de la expropiación como principal vía para emprender la reforma agraria y veía la propuesta del gobierno como una estrategia para desmovilizar a los movimientos sociales. De igual forma, la CPT, que a lo largo de los años había reafirmado su perspectiva teológica basada en “la tierra como un don de Dios” y no sólo un espacio para la producción o la mercadería, se manifestó en contra.

En un principio, también la CONTAG rechazó la propuesta. Al lanzar su tradicional Grito da Terra se manifestó en contra de lo que consideraba una “privatización de la reforma agraria” y exigió el cumplimiento de la función social de la propiedad rural y el establecimiento de un límite máximo al tamaño de la propiedad .

De esa forma, junto con el MST, la CONTAG y otros movimientos rurales que formaban parte del Foro Nacional por la Reforma Agraria y la Justicia en el Campo, una red de organizaciones formada en 1995 que sustituyó el papel que hasta entonces había desempeñado la Campaña Nacional por la Reforma Agraria, buscó articular la presión social en contra de la nueva política agraria instrumentada por el gobierno.

El Foro planteaba que, a través del sistema de compra-venta de tierras, el poder público buscaba desentenderse de la reforma agraria, dejándola bajo el control de los propietarios de tierra. A su modo de ver, la política de Cardoso premiaba a este sector al transformar las tierras improductivas en activos financieros y veía el inconveniente de que quienes se vieran beneficiados del acceso a la tierra, además de tener que pagar por ésta, tendrían que buscar financiamiento para la producción, generando así una doble complicación.

El Foro propuso al Banco Mundial la realización de un Panel de Inspección para discutir la política del Banco da Terra que había coadyuvado a instrumentar, lo que derivó en un seminario realizado en Washington en 1998 donde su política agraria para Brasil fue duramente criticada. El BM argumentó que el programa en cuestión se había inspirado en experiencias positivas que habían funcionado en otros países.

A raíz de ello, el BM, preocupado frente a las críticas, promovió una negociación con la CONTAG –el único gran movimiento con el que era posible hacerlo—. La Confederación –que defendía un programa que atendiera de forma prioritaria a los agricultores familiares— accedió pactar la creación de un Programa de Crédito Fundiário para el Combate a la Pobreza que sustituyó al Banco da Terra.

Varias modificaciones se realizaron con respecto al programa original, al permitir el crédito individualizado, tasas de interés por debajo de la inflación y una serie de facilidades de pago que no habían sido contempladas en la propuesta original. Con el apoyo de las diversas federaciones que integran la CONTAG iniciaron los planos de operación del programa en viarios estados.

El apoyo de la Confederación –que hablaba por los trabajadores rurales de todo el país-- fue clave para legitimar el proyecto que venía sufriendo serias críticas por parte de varias organizaciones de la sociedad civil, aunque también reabrió las disputas que se habían dado entre los movimientos rurales durante los años ochenta y debilitó al Foro Nacional por la Reforma Agraria.

Otra medida importante que el gobierno de Cardoso tomó como respuesta a las reivindicaciones de las organizaciones sociales fue la creación del Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF). Frente al encarecimiento y disminución del crédito que tuvo lugar durante la década de noventa, así como a la exigencia de que se establecieran garantías para los agricultores familiares, el gobierno se abocó a desarrollar un conjunto líneas de crédito específicas para la agricultura familiar.

De esta forma, se optó por la extinción del PROCERA y la inclusión del crédito para los asentamientos dentro de una clasificación más amplia que abarcaba a los agricultores familiares como categoría específica.

Los movimientos rurales no mostraron una postura unánime frente a esa decisión ni asumieron la misma conducta. Así, mientras la CONTAG negoció activamente con el gobierno, en tanto se veía beneficiada directamente de esta medida, el MST criticó inicialmente la desaparición de un programa que beneficiada directamente a sus asentamientos, permitiéndole al Movimiento ejercer sobre los mismos un importante control social .

En 1995 se realizaron una serie de seminarios que convocaron a más de mil asistentes de los movimientos sociales para debatir la propuesta. El documento del gobierno fue fuertemente rechazado por el Movimiento que lo interpretó como una ofensiva del Gobierno Federal, inserta en un conjunto de acciones que pretendían “disminuir la responsabilidad del Estado frente a la reforma agraria”.

Con el tiempo, sin embargo, la postura del MST fue modificándose. Finalmente, se logró una negociación –de las pocas entre el MST y el gobierno de Cardoso-- que permitió modificar algunos aspectos de la propuesta original. El más importante de ellos fue la creación de la línea “A” del PRONAF, a través de la cual se establecieron condiciones diferenciadas para los asentamientos en relación al universo de los agricultores familiares.

Así, a pesar de su rechazo original, el PRONAF actualmente es reivindicado como una conquista propia del MST y se reconoce, como ocurre también con otros movimientos, que el haber hecho de la agricultura familiar una política diferenciada, constituyó un esfuerzo novedoso por incluir a un sector que hasta entonces había estado excluido de las políticas de Estado en materia agrícola.

Es importante resaltar, además, que el PRONAF favoreció una mayor participación de organizaciones sociales en la política pública, gracias a que coincidió con un proceso de descentralización -- posible a partir de que la constitución de 1988—que permitió la creación de consejos municipales por áreas de gobierno en los que se condicionó la dotación de recursos a la formación de esas instancias con participación de la sociedad civil en la gestión, el acompañamiento y la fiscalización de las actividades públicas, como ocurrió con los consejos municipales de Desarrollo Rural, foros de discusión y decisión en los que participan entidades representativas ligadas al sector agrícola y al espacio rural de los municipios .
Resulta muy claro como, durante el gobierno de Cardoso, el movimiento rural desplegó dos estrategias distintas en su relación con el poder público. Si bien tanto la CONTAG como el MST recurrieron a la movilización y ambas oscilaron entre la presión y la negociación, la máxima dirigencia del sindicalismo rural –haciendo honor a su nombre y naturaleza— fue más proclive a alcanzar acuerdos con el gobierno, mientras que dentro del MST predominó la lógica de la confrontación directa con un gobierno que siempre fue visto como enemigo.

A raíz de la gran marcha que el MST organizó en 1997, esta situación se recrudeció aún más. Es sabido que durante esa manifestación uno de los principales líderes del movimiento, Joao Pedro Stédile, agredió personalmente al Ministro de Reforma Agraria, Raúl Jungmann, abriendo así una disputa personal. En adelante, el Ministro se negaría a sentarse a la mesa con la figura más visible del Movimiento, lo que impidió un diálogo en los primeros niveles que posiblemente habría permitido una relación más fluida.

Dentro del MST existía la percepción de que el gobierno tenía en manos una estrategia para desarticularlo y sus acciones eran vistas con desconfianza. En esa lógica, hacia finales de la década, las posibilidades de negociación se veían agotadas y el MST incrementó significativamente sus ocupaciones, alcanzando su máximo histórico de casi 600 por año .

Presionado por la derecha --que veía cada vez con más preocupación estas acciones--, el gobierno Cardoso aprobó un decreto (Medida Provisoria No. 2.109-50), a través del cual se suspendían las expropiaciones de todas aquéllas propiedades que hubiesen sido ocupadas en forma irregular (lo que en términos prácticos significaba no crear nuevos asentamientos) y se estableció que los trabajadores que practicasen actos de invasión quedarían fuera de la lista de posibles beneficiarios de programas de reforma agraria.

Esta medida, que afectaba directamente al MST, fue tomada como una forma de
“criminalización” del movimiento. Si bien el término es inexacto, pues no se estableció ninguna penalidad a las invasiones de tierras, lo cierto es que el gobierno logró desincentivar de forma significativa el número de ocupaciones. Para 2001, éstas habían disminuido en un 200% con respecto al año anterior .

Es imposible negar que el ritmo de la dotación de tierras fue casi 30 veces superior al de los años setenta y ochenta, pues si entre 1975 y 1994 se repartieron tierras para unas 100 mil familias (a razón de 2 mil familias por año), entre 1992 y 2002, se asentaron casi 60 mil familias por año, aunque las cifras son discutibles . Sería imposible imaginar ese progreso sin considerar la presión social y el salto explosivo que tuvieron las ocupaciones de tierras.

Entre los movimientos sociales como entre los estudiosos de la política rural brasileña, hay distintas percepciones sobre los alcances de la nueva política agraria instrumentada por Fernando Henrique Cardoso. Para el MST, “el gobierno sólo simuló una reforma agraria”. Uno de sus dirigentes, Francisco Dal’ Chiavon, afirma:

En el Norte distribuyó tierras públicas inviables y sin ninguna infraestructura, en el Nordeste, terrenos de mala calidad, infértiles y fácilmente expropiables y, en otros casos, lo único que hizo fue otorgar títulos de propiedad allí donde ya existían asentados.

A juicio del MST, lo que el gobierno de Cardoso hizo fue distribuir tierras marginales dispersas en terrenos inadecuados y en sitios alejados de los circuitos de mercado. En el análisis global del Movimiento acerca del período, el modelo económico instrumentado y la política agrícola orientada a la promoción del agronegocio expulsaron del campo a más de 1 millón de familias, una suma superior a las 400 asentadas según las cifras del propio gobierno.

En una visión opuesta, José de Sousa Martins plantea que el MST fue incapaz de percibir los importantes cambios que el gobierno de Cardoso instrumentó en el ámbito rural y, por ello, desperdició una oportunidad histórica. A juicio de este sociólogo (cercano a Cardoso) “nunca antes se habían registrado en Brasil los mismos avances en materia de distribución, regularización y tenencia de la tierra y -- no menos importante-, en la definición y reconocimiento de la agricultura familiar como sujeto de la reforma agraria .

Sobre el periodo, Leonilde Medeios plantea que gracias a la estrategia política del ministro Jungmann, el gobierno de Cardoso logró encuadrar al MST y establecer canales para la negociación con los movimientos sociales que no habían existido hasta entonces. “El gobierno desarrolló alternativas distintas a las planteadas por el MST, centrándose en el combate a la apropiación ilegal de tierras, la distribución de inmuebles en áreas de frontera y el crédito”, pero aún a pesar de ello las condiciones de vida y las características de los asentamientos –afirma- son sumamente precarias .

La llegada de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de la República abrió un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno y los movimientos sociales, marcada fuertemente por la histórica alianza entre varios de éstos y el Partido de los Trabajadores .

En un documento titulado “Vida digna en el campo”, discutido con los movimientos y hecho público durante la campaña electoral de 2002, Lula se comprometió a concretar la reforma agraria en una lógica que no se limita al reparto de tierras, sino que además puso énfasis en la consolidación de los asentamientos existentes y el fortalecimiento de la agricultura familiar.

Una vez asentado en el poder, esta agenda se ha enfrentado a una gran cantidad de constreñimientos políticos y presupuestales. A pesar de su cercanía a los movimientos, el gobierno de Lula es el resultado de una alianza con fuerzas del centro político y de la derecha, así como con el poderoso sector industrial de Sao Paulo que obligan a una permanente negociación .

Los movimientos lo saben. Tanto el MST como la CONTAG consideran que la elección de Lula alteró la “correlación de fuerzas” que confirieron un cuadro más favorable a la reforma agraria, aunque están conscientes de las limitaciones existentes y de que no pueden bajar la guardia. Manoel Dos Santos, presidente de la CONTAG, explica la postura de su organización frente al gobierno:

Hoy el presidente Lula es un gestor público de los intereses del conjunto de la sociedad que son, necesariamente heterogéneos y diversificados. Sabemos que tenemos un gobierno de coalición en el que actúan diferentes fuerzas políticas, desde trabajadores, empresarios de diversos sectores de la economía y segmentos que ven por sus intereses. Conociendo esa correlación, la CONTAG viene cumpliendo su papel de reivindicación, propuesta y negociación para atender a los intereses de su sector y del país. Por eso estamos teniendo con el gobierno de Lula la misma relación que tuvimos con el de Cardoso, aunque a Lula le planteamos algunas exigencias más porque fuimos partícipes del proceso que permitió su elección .

De forma similar, plantea las cosas el MST:

Nosotros vamos a continuar en la lucha. Si antes nuestros adversarios eran el gobierno y el latifundio, hoy el gobierno es nuestro aliado, pero el latifundio es nuestro enemigo. Este gobierno es de nosotros. Nosotros ayudamos a elegirlo (…) Las conversaciones que hemos tenido con el gobierno nos han permitido estrechar la relación. Entendemos que existen dificultades para avanzar en la reforma agraria debido a la composición de las fuerzas dentro del propio gobierno, pero confiamos en que la prioridad para llevarla a cabo estimulará a los trabajadores del campo que se encuentran sin tierra para luchar decididamente por ella. Están dados los factores fundamentales para impulsar nuevamente la lucha por la reforma agraria, ahora, cuanto mayor sea nuestra capacidad de movilización, mejor lograremos impulsar la reforma que queremos.

En el gobierno de Lula están representados, desde figuras comprometidas con el agronegocio exportador --como el ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues--; ligadas de al MST, como de algún modo lo está el ministro de Desarrollo Agrario, Miguel Rosetto y varios de los presidentes de las superintendencias regionales del INCRA, e incluso personalidades vinculadas a la CONTAG, como el secretario de Desarrollo Agrario, Eugenio Peixoto.

El gobierno se ha logrado mantener un diálogo directo y fluido con el MST y la CONTAG, así como con los casi 70 movimientos de trabajadores sin tierra que existen en el país. Con distintos grados de influencia, éstos movimientos han logrado incidir de forma importante en las políticas en materia de agricultura familiar que se han visto reflejadas en un aumento significativo de los recursos destinados al PRONAF, los cuales han logrado triplicar su valor. De igual forma, a este programa se han sumado como beneficiarios más de 1 millón cien mil familias, lo que permitió expandirlo hacia el norte y nordeste del país, hasta entonces marginado.

Es claro, sin embargo, que en el ámbito más directo de la reforma agraria, el avance ha estado muy por debajo de lo esperado. El gobierno convocó a las organizaciones del Foro Nacional de Reforma Agraria a discutir la elaboración del II Plan Nacional de Reforma Agraria. Allí un sector del MST reivindicó una cifra de 600 mil asentados en 4 años (y un millón en 8 años), que fueron reducidos por el gobierno a 400 (el equivalente simbólico al número de asentados por el gobierno de Cardoso en dos periodos), considerando que la capacidad operacional del INCRA impediría alcanzar una cifra superior .

Finalmente, el plan fue firmado por el presidente de la República en noviembre de 2003 abarcando la mayor parte de las reivindicaciones históricas del MST sobre la base de una reforma agraria basada en la expropiación de tierras ociosas e improductivas, aunque también contemplando la regularización de asentamientos existentes y el fortalecimiento, a través del crédito. De esa forma, Las expropiaciones por interés social serían complementadas a través de la compra-venta de tierras como principales instrumentos para asentar a dos terceras partes de las familias sin tierra. El tercio restante provendría de tierras públicas.

El Plan busca diferenciarse del modelo de reforma agraria instrumentado durante los últimos años, en tanto busca “hacer de los asentamientos espacios de producción y calidad de vida integrados al desarrollo territorial, así como armonizar los objetivos de masividad y calidad que se expresen en la fijación de metas de renta y número de beneficiarios. Así, desde el momento de su implantación, el nuevo asentamiento estará orientado por un proyecto productivo de viabilización económica, con tiempos de maduración y etapas ajustadas a las características de cada región”.

A pesar de la intención del gobierno de hacer de la reforma agraria una prioridad, como lo expresa este plan, resulta paradójico que el número de asentamientos haya sido –al menos hasta el tercer año- inferior al de la administración de Fernando
Henrique Cardoso. Guilherme Cassel, Secretario Ejecutivo del Ministerio de Desarrollo Agrario explica este atraso:

Durante el primer año tuvimos que construir condiciones que hicieran posible impulsar la Reforma Agraria y sólo a partir del segundo año comenzaron a fluir los recursos. Hoy las dificultades para impulsar la Reforma Agraria son fundamentalmente financieras. “Hemos ejecutado todos los recursos disponibles, el INCRA tiene una capacidad operacional mucho mayor de la que tenía años atrás e hicimos concurso para incorporar a más de 1 300 funcionarios nuevos .

Los movimientos han continuado presionando a través de ocupaciones. Durante los dos primeros años de gobierno estas aumentaron de forma significativa, aunque nunca superaron los niveles alcanzados entre 1996 y 1999 . Las ocupaciones siguen siendo el principal instrumento para mostrar fuerza, más aún ahora dentro de la compleja configuración de fuerzas.

Se han modificado, sin embargo, algunas de las estrategias de lucha. El MST, por ejemplo, prácticamente abandonó la ocupación de edificios públicos (hoy identificados a un gobierno aliado) y desplazó la crítica que antes se dirigía al poder presidencial, centrando hoy sus reivindicaciones en el Ministerio de Economía, artífice de una política económica que impide avanzar en materia de reforma agraria y al que responsabiliza de la falta de recursos para los asentamientos.

En mayo de 2005, el MST realizó una gran marcha en la que más de 15 mil campesinos caminaron de Goiania a Brasilia. La Marcha Nacional por la Reforma Agraria, organizada por el MST, la CPT, Via Campesina y el Grito de los Excluidos, duró 15 días y recorrió 230 kilómetros, dando una muestra de fuerza y capacidad organizativa. A su llegada a la capital, se manifestó frente a la Embajada de Estados Unidos, el Congreso y diversos ministerios, varios de cuyos responsables se reunieron con los principales líderes.

El gobierno se comprometió a liberar los recursos necesarios para asentar 115 mil familias durante 2005 y cumplir, en 2006 con las 400 mil previstas en el II Plan Nacional de Reforma Agraria. Las autoridades asumieron el compromiso de contratar a 147 servidores para el INCRA y abrir concursos para el ingreso de mil trescientas más (el MST reivindicaba 4 mil); se acordó la actualización del índice de productividad de las propiedades rurales que inciden en la cantidad y tipo de inmuebles que el gobierno está en condiciones de expropiar; aceptó incrementar nuevamente el financiamiento del PRONAF; establecer un crédito para la recuperación de asentamientos y crear una canasta básica mensual para las familias acampadas.

Todo parece indicar que hoy la postura del gobierno frente a la reforma agraria está mucho más clara para los movimientos sociales. La principal disputa, sin embargo, está en el terreno presupuestal. Para avanzar en este ámbito deben desplegar una intensa labor de cabildeo que no sólo involucra al Ejecutivo, sino que requiere comprometer al Poder Legislativo, a los gobiernos estatales y municipales, así como a otros factores reales del poder brasileño para asegurar que se destinen recursos suficientes para las acciones previstas en el Plan Nacional de Reforma Agraria.

Durante su último Congreso de la CONTAG una comisión temática discutió el tema de la reforma agraria. Allí se manifestó que “la concepción de la política económica que predomina en el actual gobierno exige el cumplimiento de metas financieras para atender a los acreedores internacionales, lo que reduce al mínimo la liberación de recursos para inversión e infraestructura y la atención de demandas sociales .

En esa lógica, la pauta del Grito da Terra organizado el mismo año plantea en forma detallada el volumen de recursos necesarios para consolidar los asentamientos del país y propone mecanismos de distribución de los recursos para que las distintas modalidades de agricultores familiares accedan al crédito. La CONTAG también reivindica un programa de seguridad alimentaria para los asentamientos, y una ley de agricultura familiar que refuerce y formalice la gestión del gobierno en este ámbito y comprometa el destino de recursos.









Conclusiones

Durante las últimas tres décadas, la acción colectiva en el mundo rural brasileño ha alcanzado un gran dinamismo, capaz de favorecer un proceso de ciudadanización sin precedentes entre el campesinado. Al dotar a los trabajadores rurales de instancias de organización aptas para disputar poder y presionar directamente al Estado nacional para avanzar en la reforma agraria, ha logrado colocar en un lugar central de la agenda política sus principales reivindicaciones.

En este estudio hemos visto como los años noventa abrieron un nuevo capítulo en la historia de la economía y el desarrollo rural. En el ámbito político, esta etapa tuvo su correlato en el debilitamiento de las organizaciones tradicionales, tanto de los grandes propietarios como de aquellas organizaciones representativas de los intereses de los pequeños productores, representados por el sindicalismo rural. Como resultado de ello, han proliferado nuevas formas de organización.

El asociativismo rural del Brasil contemporáneo se expresa hoy, fundamentalmente, en una amplia vertiente sindical, dominada por el Movimiento Sindical de Trabajadores Rurales, que encabeza la CONTAG (y que coexiste con otras de reciente creación como la FETRAF o la FETRAESP), y una vertiente de trabajadores sin tierra, hegemonizada por el MST.

Los dos son movimientos nacionales, interlocutores del Estado, con presencia en casi todo el país; los dos han estado vinculados, en mayor o menor medida, a las pastorales sociales de la Iglesia y al Partido de los Trabajadores, y ambas promueven ocupaciones de tierras y asentamientos rurales.

La primera diferencia está dada por su naturaleza. Mientras la CONTAG tiene por objeto principal la representación gremial de los trabajadores rurales de base sindical, el MST centra su acción en la lucha por la tierra. Uno y otro defienden la realización de una reforma agraria amplia y masiva que no se limite a la distribución de tierras, aunque se diferencian en los medios a través de los cuales buscan hacer posible su realización.

Tanto el MST como la CONTAG utilizan formas de presión y movilización, seguidas de estrategias de negociación. Sin embargo, es posible determinar que –en líneas generales- mientras en la CONTAG predomina una práctica sindical proclive a pactar con el poder público, en el MST es más común utilizar formas extremas de presión y confrontación con el poder público.

Frente a un Estado que históricamente representó los intereses de los sectores más conservadores, y ante la existencia de un sector latifundista muy poderoso, no es aventurado afirmar que es gracias a la estrategia de mayor presión utilizada por el MST que la reforma agraria llegó al centro de la agenda política del Estado brasileño y que ha permanecido allí durante los últimos años. Sin desmeritar el papel de la CONTAG ni de otras organizaciones, no cabe duda que, de no ser por el MST, la reforma agraria ocuparía un lugar secundario.

Si bien es cierto que las reivindicaciones de reforma agraria preceden la creación de los Sin Tierra, lo cierto es que las acciones tomadas por el gobierno durante los últimos años –tanto en materia de reforma agraria como de desarrollo rural— han respondido mayoritariamente a las presiones realizadas por éste . Lo anterior no implica, sin embargo, que el MST sea ni haya sido el principal interlocutor del Estado.

Por el contrario, son los dirigentes de la CONTAG los que se han sentado más veces en la mesa del gobierno a discutir los detalles de una u otra política pública, como ocurrió de forma asidua durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. El resultado más importante de esa convergencia fue la creación del PRONAF y el reconocimiento y valoración que la agricultura familiar alcanzó a partir de los años noventa.

En la actualidad, las demandas de las organizaciones y movimientos sociales de Brasil continúan centrándose en el avance hacia una amplia reforma agraria. En ello han insistido, además, diversas instituciones nacionales y organismos internacionales como la propia FAO que en varios estudios ha propuesto formas que permitan hacer viable este proceso . Avanzar en ello también fue una de las principales recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación y un compromiso político del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Es importante resaltar que la reforma agraria constituye un proceso complejo que no se limita a la distribución de tierras, aunque éste sea el primer paso. Para que una reforma sea viable, es necesario fortalecer el apoyo a los agricultores familiares y ampliar significativamente los programas de crédito, asistencia técnica e infraestructura. Así lo han comprendido los movimientos sociales. La posición mayoritaria, tanto entre los movimientos sindicales, como los de lucha por la tierra, es considerar la reforma agraria como un instrumento de distribución de renta promotora del desarrollo económico.

Leonilde Medeiros no parece equivocarse al afirmar que la posibilidad que las organizaciones influyan en la formulación de políticas públicas y en el avance de la reforma agraria tiene que ver con el grado de movilización social que alcancen. Ello no debe ser visto como apología del conflicto. En tal sentido, los gobiernos debieran garantizar el derecho de manifestación sin reprimir a los movimientos sociales y fomentando un diálogo fluido y constructivo.

Apostar al debilitamiento de las organizaciones o promover su desmovilización –como algunos consideran que buscó el gobierno de Fernando Henrique Cardoso- no debiera ser el objetivo. Por el contrario, lo que el gobierno debe permitir que se lleven a cabo demostraciones de fuerza conducidas en un marco de la legalidad y respeto a las instituciones, pues ello es parte del juego democrático. Asi parece entenderlo el equipo de Desarrollo Agrario del nuevo presidente.

La CONTAG y el MST tienen frente a sí un enorme reto de modernización para superar los rasgos que trazaron su naturaleza original y terminar de superar resabios que se remontan al periodo dictatorial. Siendo el primero un movimiento de tradición negociadora, con capacidad para colaborar en el diseño de políticas públicas –aunque también hija del clientelismo político en el que fue acunada durante los años de la dictadura militar—; y siendo el MST un movimiento creado en tiempos en que la confrontación con el Estado era vista como necesaria para alcanzar la transición democrática, tanto uno como otro deben ser capaces de acercarse a un razonable centro, equilibrar sus estrategias de presión y negociación y colocarse a la altura de los tiempos democráticos.

Y si de democracia hablamos, los movimientos no pueden ignorar que también en este campo tienen grandes retos. En este estudio hemos visto como, tanto el MST como la CONTAG –como ocurre con los grandes movimientos--, han sufrido varias escisiones producto de la inconformidad de sectores que no se sienten suficientemente representados. Si bien es cierto que durante los años noventa, hicieron esfuerzos por ampliar la participación de sus bases, a través de la realización de grandes congresos donde definen líneas de acción, falta mucho por hacer para que la misma democracia que exigen al poder público se ejerza dentro de sus propias organizaciones.

En la construcción del MST, como una crítica superadora frente al sindicalismo tradicional y la acción de la Iglesia Católica, la autonomía política (que como hemos visto no es autonomía presupuestal) es un logro indiscutible. La creación de un movimiento a nivel nacional independiente y fuera del ámbito de sus creaturas, capaz de aglutinar militantes en torno a una causa y no sólo alrededor de un interés --sea éste gremial, religioso o material--, representó un avance histórico para el movimiento social y para la lucha por la reforma agraria.

Sin embargo, hoy el MST es un movimiento que está crecientemente aislado, por lo que debe recurrir a acciones cada vez más espectaculares para hacerse notar . En tal sentido, resultaría conveniente que éste y otros movimientos logren promover un auténtico “diálogo ecuménico”, tanto entre los nuevos movimientos de lucha por la tierra que han emergido en el ámbito local --producto de las escisiones del MST--, como con la propia CONTAG --que hoy se ven en términos de rivalidad--, para promover un consenso más amplio a favor de la reforma agraria.

Entre el gobierno y los movimientos, sería deseable superar eso que el sociólogo José de Sousa Martins bautizó como “el diálogo imposible” y debatir la reforma agraria en un marco de racionalidad basado en supuestos reales más que en formulaciones doctrinarias. Para que ese diálogo sea posible también es necesario que los cuadros de los movimientos estén listos para dar una discusión de objetivos y métodos, no sólo de principios. Sucede que, con frecuencia, los movimientos tienen dificultades para salir de la lógica de la denuncia o la formulación de críticas muy generales, para negociar de forma precisa reivindicaciones específicas, plazos y objetivos precisos.

Hasta ahora, los movimientos no han logran incidir realmente en la discusión sobre los presupuestos del Estado que es de gran relevancia cuando se trata de que las políticas públicas creadas para fortalecer el desarrollo rural alcancen las metas que se proponen. De igual forma ha sido débil su capacidad de fiscalización y los mecanismos de control social –como los consejos paritarios en los que participa la sociedad civil- todavía son frágiles, en un contexto en el que los casos de corrupción y desvío de recursos es muy elevado.

El programa Fome Zero desarrolló mecanismos de control social a través de la creación de comités gestores en los que la sociedad civil tenía una participación mayoritaria que permitía vigilar mejor el uso de los recursos. Sin embargo, a principios de 2004, cuando se decretó la unificación de los programas de distribución de renta y se creó Bolsa Familia ese mecanismo fue descontinuado. Una contribución que la FAO podría hacer para fortalecer estos procesos –como coinciden en señalar varios de los entrevistados- está en la capacitación y formación de cuadros, a fin de dotarlos de instrumentos que les permitan actuar mejor en estos procesos.

En la visión de los movimientos sociales –especialmente de la CONTAG--, la FAO ha dejado una huella importante como coadyuvante en el diseño del PRONAF. En tal sentido, es destacable que, a pesar de las restricciones presupuestales de los noventa, haya sido posible avanzar en un proceso de afirmación de un sector de la población –el de los agricultores familiares- que hasta entonces no había gozado de un reconocimiento. Esta política favoreció la gestación de un movimiento de renovación en el discurso de varias organizaciones de trabajadores del campo que lograron una presencia importante en el escenario político nacional.

Desde el punto de vista de estas organizaciones, el fortalecimiento de la agricultura familiar en Brasil debería inscribirse en la agenda pública como parte de una estrategia más amplia de desarrollo rural, como lo ha planteado la CONTAG en el marco de su Proyecto Alternativo de Desarrollo Sustentable. Dentro de los principales argumentos a favor de una opción preferencial por el fortalecimiento de la producción agrícola de base familiar se encuentra “su gran capacidad para generar empleos y promover el desarrollo de pequeñas ciudades; su valor estratégico desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y nutricional del país y su capacidad para incorporar tecnologías de bajo impacto ambiental”.

En el campo de las organizaciones internacionales hay un potencial muy grande en lo que se refiere a la promoción de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Durante los últimos años, varios movimientos han comenzado a explorar la legitimidad y grado de amplitud que puede ofrecer a sus luchas la inserción dentro de una visión de derechos. Ya en las páginas de este estudio se comentó como la CPT ha creado un área específica que trabaja con este ámbito y cómo ha desarrollado el tema del agua dentro de la perspectiva del derecho a la alimentación. De igual forma, la visión de derechos está presente en la CONTAG, aunque se ha limitado al área de la salud y la seguridad social. Existe, sin embargo, un gran campo a ser explorado en lo que se refiere al derecho a la educación, a la vivienda, al acceso a la cultura y, especialmente, a la alimentación, como elementos capaces de establecer un vínculo mayor entre las luchas del campo productivo y de las políticas sociales.

Hoy Brasil está frente a la histórica oportunidad de avanzar, con los movimientos sociales y con el grupo gobernante, en una amplia reforma agraria. Hasta ahora, sin embargo, el ritmo no ha demostrado estar a la altura de esa oportunidad. El gobierno Lula ha tenido una buena capacidad de respuesta y un buen manejo del conflicto social que ha mantenido los ánimos dentro del redil. La propia experiencia sindical de la que provienen los cuadros del PT favorece su capacidad negociadora. Si bien ello es positivo, no deja de existir un cierto riesgo de que la cercanía que ha unido históricamente al Partido con los movimientos, derive en formas de cooptación o en estrategias de dilación.

































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